El Tribunal Constitucional celebrará este miércoles, 6 de mayo, un inédito Pleno telemático a causa de las restricciones por pandemia de Covid-19 que estudiará, entre otras cuestiones, el recurso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado contra el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que modifica 27 leyes y decretos.
La presentación de dicho recurso del Gobierno se anunció el pasado 21 de abril, cuando la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, concretó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se recurre el artículo 13 del decreto ley porque "da nueva redacción al artículo 33" de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, eximiendo de autorización previa y comunicación a la consejería competente de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.
El Gobierno considera, explicó Montero, que esta regulación "vulnera la competencia estatal en defensa de bienes culturales contra la expoliación prevista en el artículo 149" de la Constitución.
El decreto andaluz vulnera además, a juicio del Ejecutivo, la competencia estatal en telecomunicaciones y medios de comunicación social. Así, el recurso del Gobierno ante el TC va dirigido también contra los apartados 4 y 6 del artículo 28, que derogan la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial o audiovisual en emisoras piratas.
El Ejecutivo solicitó asimismo la suspensión de las disposiciones impugnadas por la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad, y porque los perjuicios que pueden producirse por su aplicación pueden ser "de imposible reparación", según abundó la portavoz del Gobierno.
Según avanzó la SER, el recurso presentado por el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez será admitido a trámite, lo que implicará la suspensión automática de los artículos conflictivos, hasta tanto en cuanto los magistrados no resuelvan, lo que debe suceder en un plazo de cinco meses, tal y como se recoge en el artículo 161.2 de la Constitución.
Con una de las medidas de este decreto, la Junta de Andalucía de PP y Cs cancelaba el cierre de las más de 400 emisoras piratas que operan en la comunidad andaluza, entre ellas muchas vinculadas con la COPE.
El ex director de Deportes de la emisora de los obispos, José Antonio Abellán, despedido tras 17 años fue el primero en denunciar que estas emisoras ligadas a la radio de los obispos, no tenían permiso para emitir violando así la Ley General de Telecomunicaciones. “La Conferencia Episcopal ha convencido a Elías Bendodo, capo del PP andaluz, para que en medio de la crisis que vivimos perdone a COPE 400 millones de euros y le regale cientos de emisoras. Supongo que a cambio de un buen paquete de dinero negro de la caja de Unicaja Banco de Adolfo Arjona” ha publicado en Twitter.
Otros asuntos: Vox contra el estado de alarma
Al margen de este asunto, el pleno del Constitucional abordará este miércoles el primer recurso presentado contra el estado de alarma, que ha sido impulsado por Vox y que será previsiblemente admitido a trámite según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano, así como la posibilidad de admitir a estudio las impugnaciones presentadas por los dirigentes independentistas condenados por sedición en el juicio del 'procés'.
El Pleno se desarrollará "mediante procedimiento sustancialmente escrito", tal y como ya ha ocurrido en otros organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En el orden del día se han incluido casi una decena de asuntos a abordar sobre los que se deberá decidir si se admiten a trámite o no los recursos planteados. Así, tras analizar los estudios oportunos y la presentación de los informes correspondientes por parte del personal al servicio del Tribunal, los magistrados votarán y se adoptarán los acuerdos oportunos.
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