El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha iniciado una nueva etapa con "más presupuesto, más investigadores, más proyectos y con una clara perspectiva medioambiental" bajo la responsabilidad de su nuevo presidente, José Cara. Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, durante su intervención en el Consejo Social del Ifapa, donde ha resaltado el incremento del 7,7 por ciento del presupuesto de la entidad, hasta alcanzar los 56,6 millones de euros en 2019.
A este respecto, la consejera ha señalado que se van a reforzar los medios humanos del instituto con una primera incorporación de 15 investigadores, "lo que permitirá potenciar los estudios en el sector agrario, en la pesca y, ahora también, en mejora de la sostenibilidad gracias a la ampliación de su ámbito de actuación". "La perspectiva medioambiental de esta nueva etapa del Ifapa servirá para adaptarnos a la estructura verde de la Política Agraria Común, para avanzar en la economía circular y profundizar en la agricultura, la pesca y la ganadería sostenible", ha afirmado.
A lo que no se ha referido Crespo es al hecho de que Cara, como ya ha aparecido publicado en diferentes medios, permanezca como investigado por un presunto caso de corrupción en el denominado caso Hispano-Almería (HALSA). El nombramiento de Cara, que contradice abruptamente el discurso de regeneración y transparencia que vienen defendiendo los socios del Gobierno andaluz, PP y Cs, se ha producido pese a que su nombre figura en esta causa contra la corrupción en la que se trata, principalmente, la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Almería.
Una instrucción que lleva más de un lustro abierta y que se calcula que ya tiene más de cuarenta tomos, pese a que la acusación particular sólo les han sido facilitados los cuatro primeros. El ex diputado autonómico y ex alcalde de La Mojonera, en Almería, ha insistido en evitar su implicación en el caso Halsa, pese a que las investigaciones de la contabilidad b de la constructora Hispano Almería incluyeran, por ejemplo, una comisión ilegal de 5.000 euros "a un político de La Mojonera" en su etapa como regidor del municipio. El despacho de abogados que defiende a Cara ha asegurado a este medio que es "totalmente falso" que haya sido "citado o esté imputado por parte del Juzgado de Instrucción número de Almería".
El caso Hispano-Almería se abrió en el año 2014 —los juzgados de Almería se dieron en 2018 otros cinco años más para proseguir con la instrucción— e investiga las relaciones de la mencionada empresa constructora con diversos cargos políticos y técnicos almerienses. La Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt) fue la primera en interponer una denuncia ante la Fiscalía por presuntas entregas de dinero a responsables políticos y técnicos de la administración. Una querella cursada por el PSOE en el Ayuntamiento de La Mojonera, en un segundo movimiento judicial, ya apuntaba a la relación de la mercantil Hispano-Almería con el entonces alcalde y ahora presidente del Ifapa, José Cara.
Según la querella de los socialistas, el exalcalde mojonero "era socio de la constructora"; y en su actividad como regidor, apuntaron entonces, "ha mantenido, de manera continuada, actividad mercantil con dicha empresa y con otras sociedades de lo que denominaron como Grupo Hispano-Almería". ¿Qué ocultan el resto de tomos de la investigación judicial que aún no han salido a la luz?, se preguntan desde AMAyT, quienes aseguran que "no conviene olvidar que aquí lo importante que se investiga es la supuesta financiación irregular del PP a cuenta de muchas obras públicas”. Sirva como ejemplo que el Teatro Auditorio de Roquetas, construido por Halsa, acabó costando más de 14 millones de euros, un 120% mas de lo presupuestado.
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