El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el acuerdo de 2019 de la Unión con Marruecos es ilegal. En la sentencia, conocida este viernes, da margen de un año a contar desde este mismo 4 de octubre para que siga en vigor, por lo que, en el corto plazo, no habrá consecuencias en los intereses de los 45 barcos que faenan en modalidad de cerco y artes menores.
Todo viene de la cuestión del Sáhara. El TJUE señala que Marruecos no tiene potestad para firmar acuerdos que tengan que ver con los territorios saharauis. No se puede faenar en aguas que pertenecen a la República Saharaui. El problema es que este es un terreno legalmente reconocido por la ONU como no autónomo. Eso coloca su soberanía en escala de grises en el ámbito jurídico. Para las autoridades de la UE, Marruecos sí tiene esa potestad. Para el Tribunal de la propia Unión, no. Cualquier acuerdo sobre ese territorio debe ser consultado con el pueblo saharaui.
Si el pueblo saharaui no puede decidir es, entre otras cosas, porque potencias del entorno han dado su brazo a torcer. Estados Unidos. En 2020, poco antes de abandonar el cargo, Donald Trump reconoció la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. España, en 2022 y 2023, firmó una postura donde daba su asentimiento a que el Sáhara Occidental fuera un territorio autónomo pero dentro de Marruecos, desentendiéndose así de la antigua colonia española, que nunca culminó su independencia, y pasó de facto al control marroquí desde la Marcha Verde del 75, cuando Franco agonizaba. Para Marruecos, los intereses en el Sáhara se basan en una vasta ampliación de su territorio, pero también en recursos naturales, desde las minas de fosfatos (la más grande del mundo) hasta posibles reservas de petróleo, gas o uranio. Y a ello se suma el banco pesquero. Caladeros donde históricamente han ido a faenar los barcos españoles, principalmente andaluces y canarios por proximidad, pero también gallegos o vascos.
La Junta de Andalucía ha recordado que la anulación del acuerdo pesquero perjudica "gravemente" a 45 barcos andaluces, como señalaba Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura y Pesca. "Cuanto antes" ha pedido un acuerdo nuevo a la Unión Europea. Pide al Gobierno español que sea "proactivo" en sus reivindicaciones en el seno de la Unión y que el lunes acudirá a Madrid para una reunión con el Gobierno. "El sector no deja de recibir varapalos", ha dicho el consejero, que ha prometido hacer "todo lo que esté en nuestra mano".
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que "respeta" la decisión del Tribunal de Luxemburgo, pero que "nuestra apuesta y compromiso con la estabilidad en la relación con Marruecos es firme y no se verá alterada". Por su parte, la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen estrenando su segundo mandato, y su comisario de Exteriores, el español Josep Borrell, han insistido también en que esta sentencia no rompe "la sólida amistad" con Marruecos, y que la diplomacia "toma nota". Habrá conversaciones en las próximas semanas y meses con Marruecos.
Una posición coincidente por razones obvias: los intereses españoles en la relación con Marruecos que desbordan el asunto de la pesca. Una concesión, la de asumir como marroquí el territorio del Sáhara Occidental, que guarda relación evidente con otros acuerdos en materias como la devolución de migrantes o evitar las llegadas masivas a Ceuta y Melilla. Este mismo viernes, el Ministerio del interior ha devuelto a territorio marroquí a 16 de los 40 saharauis que habían pedido asilo y protección internacional, siendo deportados a Marrakech. Al aterrizar en Marruecos han sido detenidos.