Denuncian a Fiscalía la presunta ocultación municipal de parte del expediente del caso 'Huertos de Ocio'

Pacheco, durante el juicio por el caso de los 'Huertos de Ocio'. FOTO: MANU GARCÍA.
Pacheco, durante el juicio por el caso de los 'Huertos de Ocio'. FOTO: MANU GARCÍA.

La extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Jerez sí cobró los 129.026 euros de diferencia entre el valor de sus suelos y la bodega que le permutó una promotora, Xera Promociones SA, en 2003 para hacerse con los terrenos municipales junto a San José Obrero, los llamados Huertos de Ocio. El exalcalde Pedro Pacheco y su entonces gerente en Urbanismo fueron condenados en julio pasado por este asunto, dentro del denominado caso 'Huertos de Ocio' y han recurrido al Tribunal Supremo. Sin embargo, la aparición del talón de cargo con el abono de la citada diferencia al Ayuntamiento 15 años después ha provocado que se haya presentado en los últimos días un escrito-denuncia ante el Ministerio Fiscal para que investigue si pudo haber una ocultación premeditada en la remisión incompleta al Juzgado del expediente por esta operación urbanística.

Como recogen fuentes próximas al caso, consultadas por lavozdelsur.es, "el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados". El artículo 2º, a su vez, establece que el Ministerio Fiscal es un órgano que ejerce su misión  "con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".  El artículo 7º, en fin, precisa que "por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados". "En resumen: promover la justicia, defender la legalidad, imparcialidad".

Según lo anterior, y en referencia a este caso en concreto, una vez que se ha formulado denuncia de los hechos descritos, advierten, Fiscalía "está obligado a incoar diligencias preprocesales para averiguar si se ha podido cometer un delito por serle presentada una denuncia y practicará u ordenará a la Policía judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo". Asimismo, aseguran las mismas fuentes, "si comprueba la comisión de un delito, deberá formular denuncia ante los tribunales de justicia; si no, habrá de archivar el expediente, notificándotelo para que, si lo estimas oportuno, seas tú el que presentes la denuncia en el juzgado".

"Puede suceder —añaden— que el fiscal llegue a comprobar que los pagos que se suponían no efectuados sí que se hicieron y que, sin embargo, no considere que se haya cometido un delito al no remitir los comprobantes de haberse realizado aquellos al juzgado. Ello daría lugar a una interesante situación porque el fiscal, que se supone ha de actuar de modo imparcial en defensa de la justicia y la legalidad, debería: de abstenerse de recurrir la sentencia para solicitar una agravación de la pena, puesto que, siendo sabedor de que el ayuntamiento había cobrado lo que debía, no debería sostener que ha sido víctima de una estafa al no haber sufrido perjuicio alguno; y tal vez debiera promover, de oficio, un recurso extraordinario de revisión, apoyándose en los documentos de cuya existencia se ha tenido conocimiento ahora".

La operación, como está publicado, consistía en que la GMU permutaba esos terrenos, valorados en 610.027,28 euros, por los casi mil metros para oficinas de la bodega denominada Palomino y Vergara, situada en el centro (calle Nuestro Padre Jesús de la Flagelación) y con un valor de 481.000,81 euros. La diferencia entre ambas cantidades, 129.026 euros, era una ecuación favorable a las arcas municipales que debía abonarse en el momento de la rúbrica del convenio, como este mismo recogía. En cambio, en todo el proceso judicial, nunca apareció aquel talón de cargo a favor de la GMU. Hasta ahora.

Según indicó a Europa Press el abogado de Pacheco en julio pasado, la sección octava de la Audiencia Provincial condenaba a su cliente a esta nueva pena de prisión y también a tres años y seis meses de inhabilitación “por la permuta, siendo absuelto de falsedad y no considerando que hubiera delito en el expediente de recuperación de la parcela”. Tanto Pacheco como el otro condenado por este caso, el que fuera entonces gerente de la GMU, Luis Cruz, un hombre con 43 años de servicio en el Ayuntamiento de Jerez y ahora prejubilado, eran también condenados a indemnizar solidariamente con esos 129.026 euros favorables al Ayuntamiento como consecuencia de la operación inmobiliaria.

Unos 4.000 folios de instrucción, tres magistrados hasta llegar al juicio oral, 28 imputados de los que tras quince años llegaron cuatro a juicio. Dos absueltos. Dos condenados. Y aquel cheque nunca apareció… hasta que hace solo unos días, después de un mes buscando y solicitándolo al Portal de Transparencia, esta prueba decisiva podría evitar la pena a ambos condenados, así como el abono de la indemnización millonaria.

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