Hace unos días, lavozdelsur.es publicó que el fondo de inversión Portobello Capital gestionará, en la práctica, Emergencias 112 Andalucía, tras la compra del negocio de Ferrovial Servicios, actual —y futura— concesionaria. CCOO ahora muestra su preocupación “ante la irresponsabilidad que supone dejar en manos de un fondo de Inversión la gestión de nuestras emergencias, acentuándose aún más la mercantilización de este servicio público esencial, hecho que puede repercutir en su calidad y en un empeoramiento de las condiciones de su plantilla”.
CCOO denuncia que el Gobierno andaluz prorrogue la adjudicación de Emergencias 112 a Ferrovial Servicios, ya que “su gestión es un despropósito”. El sindicato critica la decisión del Gobierno andaluz de prorrogar durante dos años más la adjudicación de Emergencias 112 con Ferrovial Servicios, “ignorando que esta ha sido obligada por la Inspección de Trabajo a convertir en personal indefinido a varias personas de bolsa o eventuales de distintos centros de trabajo por incumplimiento de la legalidad vigente en materia de contratación, al concatenar sus contratos provocando fraude de ley”.
CCOO reclama al Ejecutivo andaluz que lleve a cabo, de forma efectiva, su obligación de vigilar y garantizar el cumplimiento de la legislación socio-laboral, y lo suscrito en el contrato para la adjudicación de este servicio por parte de Ferrovial Servicios. “De lo contrario tendrían que rescindir el contrato y trabajar en una nueva adjudicación con una empresa que mantenga unas condiciones laborales dignas”, reivindica.
El fondo español Portobello Capital, además, está siendo investigado por la Justicia. El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid celebró a finales de octubre un juicio por responsabilidad social impulsado por un socio minoritario de Vivanta contra exdirectivos del fondo de inversión Portobello —nuevo adjudicatario en la práctica de 112 Andalucía— por el presunto perjuicio económico provocado al comprar el Grupo Vera Dental por un supuesto sobreprecio de 6,2 millones de euros.
El fondo Portobello tiene varios procedimientos abiertos en juzgados penales y mercantiles de Madrid, en los que se investigan las presuntas irregularidades cometidas por la firma, incluido un supuesto caso de espionaje. Esta serie de conflictos judiciales comenzó en 2019, cuando los socios minoritarios de Vivanta, desde franquiciados a dentistas, empezaron a acudir a los juzgados madrileños.
El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, preguntado por este asunto, asegura que el Gobierno andaluz no tiene "nada que opinar en un cambio de propiedad”. La adjudicación realizada en 2020 fue por un importe de 25,6 millones de euros al año, una cantidad que ahora irá a manos de Portobello Capital. Lo único que se ha transmitido desde la Junta de Andalucía sobre este asunto es que estará "vigilantes como siempre” y que en los contratos que firma la Administración andaluza “hay un cumplimiento a rajatabla”.
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