La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, condenado a cuatro años y un mes de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en una de las piezas separadas del caso ERE, vinculada a ayudas a 14 extrabajadores de Fertiberia. La incluye una indemnización a la Junta de Andalucía con 682.598,50 euros, cantidad correspondiente a tres órdenes de pago emitidas bajo su mandato.
El tribunal absuelve al exdirigente de CCOO Juan Antonio Florido, pues no queda clara su participación más allá de una reunión con el comité de empresa y un delegado de Empleo. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado para ambos acusados cinco años de prisión y doce de inhabilitación, además de reclamar indemnizaciones millonarias.
El fallo detalla que en 2003 Fertiberia presentó un ERE que afectaba a 166 trabajadores, aprobado meses después. Los afectados podían acogerse a prejubilaciones o indemnizaciones. Doce de ellos, entre 2004 y 2005, pidieron ayudas a la Dirección de Trabajo, que terminaron materializándose en pólizas costeadas con fondos públicos.
Sin expediente
Según la sentencia, la gestión de esas ayudas estuvo plagada de irregularidades, porque “no existía expediente administrativo”, no había base reguladora, ni fiscalización previa de la Intervención, y los pagos terminaron cargándose directamente a la Junta. En total, los desembolsos alcanzaron casi dos millones de euros, aunque la condena a Rivera se centra en los más de 682.000 euros abonados bajo sus órdenes.
La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo. Además, incluye un voto particular del magistrado Pedro Izquierdo, quien defiende que Rivera debería haber sido absuelto, ya que los beneficiarios eran trabajadores vinculados a Fertiberia y no personas ajenas a la empresa, lo que, en su opinión, cambiaría la valoración penal.