No sólo la oposición está en precampaña electoral. También lo están los consejeros del Partido Popular del Gobierno de la Junta de Andalucía. Por ello, en el Consejo de Gobierno de este martes, se han tratado algunos temas con los que se intuye que desde dentro del PP no quiere una fuga de voto hacia la derecha, es decir, hacia Vox. Un partido que también crecía en la última encuesta que hemos conocido, publicada por El Mundo.
En concreto, los temas que se han tratado este martes en el seno de la Junta de Andalucía han sido dos con los que la ultraderecha ha hecho bandera durante sus campañas electorales: la okupación y la caza. Por ello, el Partido Popular, a través del portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, y la consejera de Fomento y Vivienda, Marifrán Carazo, han anunciado medidas al respecto.
Sobre la caza, ha sido el portavoz del Gobierno el encargado de realizar los anuncios sobre las medidas impulsadas por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. Sobre esta actividad, Bendodo ha manifestado que la labor de la caza “es necesaria en nuestra tierra” y que “protege nuestro medio ambiente”. El portavoz ha continuado asegurando que la Junta ofrece “un apoyo sin fisuras” al sector. Por ello, ha anunciado que se bonificará las licencias a los cazadores no federados, algo que ya se hacía con lo federados.
Por su parte, la responsable de Vivienda, Marifrán Carazo, ha presentado la estrategia en esta materia de la Junta de Andalucía. Además, ha criticado duramente al Gobierno por no haber consultado a las comunidades la nueva ley ni haber comunicado la cuantía de la que dispondrá Andalucía en el nuevo Bono Joven de Vivienda aprobado este martes.
Sin embargo, la intervención con más énfasis ha sido sobre la ocupación de vivienda en Andalucía. Algo que contrasta con los datos que ofrece el barómetro de la Junta de Andalucía, donde a solo el 0,1% le preocupa el “movimiento okupa”. El Gobierno andaluz ha solicitado una ley estatal “antiokupación”.
Marifrán Carazo ha anunciado que para acceder a una Vivienda de Protección Oficial no se podrá haber sido sancionado ni penal, ni administrativamente por esta cuestión. Habrá excepciones “para familias en circunstancias de vulnerabilidad avaladas por los servicios sociales”.
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