El caso Mascarillas vuelve a sacudir la política andaluza, una causa judicial que investiga presuntas 'mordidas' en la contratación pública a través de la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Fines. Este lunes, a meses de las autonómicas andaluzas, se ha conocido que el juez instructor ha acordado recientemente tomar declaración a 43 investigados identificados en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre presuntos amaños de contratos. Los delitos investigados son cohecho, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
La investigación tiene dos fases conocidas: la primera se explotó en junio de 2021 con la detención del entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, en relación con la compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19. La segunda fase, en noviembre del año pasado, derivó en la detención del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez.
En este contexto, la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, ha advertido este lunes de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no tiene que estar muy tranquilo" tras las últimas informaciones publicadas sobre la causa, y ha añadido que habrá que ver "los tentáculos de la mafia del Partido Popular en Almería hasta dónde llegan". La declaración, como se ha dicho, llega después de que el juez instructor haya acordado tomar declaración a los 43 investigados que figuran en el informe de la UCO sobre presuntos amaños de contratos en la Diputación Provincial de Almería.
La dirigente socialista ha arremetido con virulencia: "Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que el tiempo es el mayor aliado de la verdad", ha señalado Márquez, antes de remarcar que "Almería entera sabe lo que pasa y lo que lleva pasando durante todos estos años en las instituciones donde ha gobernado el Partido Popular en Almería". Más allá, ha apuntado que "puede haber sorpresas" y que el caso puede "estar cerca de Moreno Bonilla", poniendo de relieve que los socialistas andaluces llevan tiempo denunciando que las empresas de la trama habrían contratado también con la Junta de Andalucía.
La investigación de la Guardia Civil se estructura en tres grandes bloques temáticos. El primero se centra en el contrato de suministro de material sanitario adjudicado a la mercantil Azor Corporate Ibérica, administrada por Kilian López Solé.
Este contrato, firmado en abril de 2020 por importe superior a 2 millones de euros, habría servido para generar un retorno de fondos ilícitos mediante sobrecostes de aproximadamente un millón de euros. Según la UCO, este dinero se habría distribuido entre cargos públicos con la connivencia de Óscar Liria, entonces vicepresidente de la institución.
La segunda vía analiza una serie de contratos licitados por la Diputación que habrían permitido la adjudicación fraudulenta de expedientes a empresas como Pulconal u O.Y.C. Servicios Urbanos. La UCO ha indicado que estas sociedades formaban parte de un «plan preconcebido» para obtener lucro económico ilícito aprovechando la capacidad de decisión de Óscar Liria en materia de contratación.
En esta red habrían participado numerosos empresarios y otros cargos públicos, como el jefe de sección C.J.G.
El tercer bloque apunta a la existencia de un flujo de dinero en efectivo cuyos destinatarios finales serían, supuestamente, otros cargos de la cúpula provincial. El oficio ha destacado indicios sobre la percepción de fondos por parte de Javier Aureliano García y Fernando Giménez, expresidente y exvicepresidente de la Diputación.
La Guardia Civil ha detallado operativas para integrar estos fondos en el circuito legal, incluyendo el uso de cuentas de familiares y la instrumentalización de una comunidad de bienes para canalizar dinero de origen desconocido.
El juez aparta definitivamente a Vox: perdió su derecho al retirarse voluntariamente
En paralelo, el magistrado instructor del caso ha adoptado otra decisión de calado procesal: ha apartado definitivamente a Vox como acusación popular, rechazando la petición de la formación de Santiago Abascal de reincorporarse a una causa de la que ella misma decidió retirarse. Según fuentes judiciales, el instructor considera que Vox perdió el derecho a formar parte del procedimiento en el momento en que optó de forma voluntaria y unilateral por abandonarlo, ya que admitir su vuelta podría generar inseguridad jurídica e incluso dar lugar a abusos procesales.
Vox se había personado en el procedimiento tras la primera fase de la operación, explotada en junio de 2021 con la detención del entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, en el marco de la investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, la formación renunció a sus acciones por petición propia, solicitó la devolución de la fianza de 15.000 euros consignada, y la juez instructora de aquel momento la separó del procedimiento en marzo de 2023. Tras la segunda fase de la operación —que en noviembre del pasado año se saldó con la detención del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez— Vox trasladó su intención de volver a sumarse a la causa, petición que ahora el juez ha rechazado de forma definitiva.
El PSOE acusa a Vox de haber sido un "colaborador necesario" para silenciar el caso
La reacción socialista no se hizo esperar. El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha acusado a Vox de haber actuado como un "colaborador necesario" para "silenciar" el caso Mascarillas. En una nota, Ayala ha calificado a la dirección de Vox de estar compuesta por "cínicos e hipócritas" a quienes "nunca le ha importado conocer la verdad", y ha sostenido que la formación "ha quedado retratada con una estrategia que, a la vista de lo ocurrido, no era más que pura impostura".
Ayala ha subrayado que durante el tiempo en que Vox estuvo personado en el procedimiento "no se le conocieron iniciativas encaminadas a esclarecer lo ocurrido ni a impulsar el avance de la investigación", y ha recordado que la retirada se produjo poco antes de las elecciones municipales de 2023 "sin que nunca se hayan hecho públicas las razones" de esa decisión. A su juicio, esa retirada tuvo "un evidente trasfondo político" y supuso "cerrar filas" con el PP, algo que, según Ayala, queda reforzado por los pactos que Vox mantiene con los populares en varios ayuntamientos de la provincia, como Níjar o Garrucha. El dirigente socialista ha reafirmado que el PSOE, que se personó en la causa "desde el primer momento", permanecerá en el procedimiento "hasta el final".