Peor imposible: 12 años para aprobar un PGOU y 9 años para que se anule definitivamente por el Tribunal Supremo. Es la crónica de una anulación previsible y anunciada. La irresponsabilidad de los sucesivos alcaldes y concejales de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto, en palabras de Ecologistas en Acción, "ha superado todo lo imaginable". "El gobierno del PP y andalucistas, con Moresco de Alcalde, aprobó un PGOU con un evidente sobredimensionamiento de suelos urbanizables y sin someterse a la preceptiva evaluación ambiental estratégica; el gobierno PSOE-IU se negó a iniciar la elaboración de un nuevo PGOU cuando ya era evidente que este sería anulado; y el actual equipo de gobierno PP-Cs ha intentado engañar a la ciudadanía asegurando que el recurso al TS era factible y que mientras tanto podrían seguir desarrollando el PGOU", han resumido la cronología de una situación que ha acabado en una sentencia firme que devuelve miles de viviendas a la ilegalidad y paralizará obras en marcha en el municipio gaditano.
Toda la estrategia del PP-Cs, que contó incomprensiblemente con el apoyo de la mayor parte de la oposición, se ha venido abajo, recuerdan desde la organización conservacionista. El PGOU está definitivamente anulado, y con él, todo el planeamiento de desarrollo aprobado desde 2012: planes parciales y planes especiales, incluidos los Planes Especiales de Reforma Interior de varias urbanizaciones ilegales (ARG), cuyo suelo es de nuevo no urbanizable, y en el que no se podrá desarrollar obra alguna de urbanización (asfaltado de calles, instalación de red de agua, electricidad, telefonía…). Los planes especiales del Club Mediterráneo y del Caballo Blanco quedan también anulados y no se podrán desarrollar. En otros casos, proyectos ya ejecutados, como la ampliación del colegio el Centro Inglés o las superficies comerciales construidas al lado, quedan en una total precariedad, ya que esos suelos también vuelven a ser no urbanizables.
Y también son responsables de este desastre, advierten los ecologistas, los promotores urbanísticos, "que no sólo no demandaron al ayuntamiento que el PGOU contara con todas las garantías ambientales y se limitaran los crecimientos a los estrictamente necesarios para una ciudad estabilizada demográficamente, sino que apoyaron esta desmesura, pensando que nadie recurriría el PGOU, y que los tribunales harían la vista gorda. No ha ido así, y ahora serán los principales perjudicados. La avaricia, una vez más, ha roto su saco de dinero".
Ecologistas en Acción le pide al equipo de gobierno, y a todos los grupos municipales, que se inicien los trámites de un nuevo PGOU que se atenga estrictamente a la legalidad, que dé prioridad a la rehabilitación y mejora de la ciudad existente, "abandonando los delirios de crecimientos desmesurados e injustificados, y que cuente con el más amplio consenso social. Para ello debería convocarse un foro con todas las entidades sociales interesadas en participar en el diseño del futuro de la ciudad".
"Esperemos que, al menos, hayan aprendido la lección; que hayan entendido que la prepotencia es mala consejera; que, si se hubieran aceptado las propuestas que las entidades sociales, y muy especialmente Ecologistas en Acción, han planteado, tendríamos un PGOU plenamente ajustado a las normas legales, que garantizara el derecho constitucional a una vivienda digna; y protegiera el valioso patrimonio natural y cultural del municipio", han añadido.
Mientras tanto, toca desarrollar el PGOU de 1992, que vuelve a estar vigente, dotando al centro y a todas las barriadas de equipamientos, zonas verdes, plazas, carriles bici y calles peatonales. El suelo urbanizable pendiente de desarrollar del anterior PGOU es más que suficiente para lo que debe ser la principal prioridad del municipio, construir viviendas protegidas en régimen de alquiler social para jóvenes. Sólo en La Florida, suelo propiedad de la Junta, se pueden construir ya 3.360 viviendas, y en Las Marías otras 819. Y no hay problemas legales para desarrollarlos, siguen siendo suelos urbanizables. "Los planes urbanísticos hay que elaborarlos en base al interés general, no a golpe de talonario de los especuladores urbanísticos", han zanjado.
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