Una serie de "burdas irregularidades" obliga a la Junta a suspender un proceso selectivo en una de sus agencias

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha tenido que anular el procedimiento por el que iba a contratar a un director de comunicación. El Gobierno andaluz culpa a Adecco de los errores

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un acto reciente.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un acto reciente.

Durante las etapas de los Gobiernos socialistas en Andalucía, los procesos de selección en la Administración pública siempre estuvieron mirados con lupa por la oposición, sobre todo en los últimos años. Ahora, el Gobierno de PP y Ciudadanos es el que se ve envuelto en una polémica debido a un proceso selectivo. El lío es tal, que, finalmente, la Junta de Andalucía ha tenido que suspenderlo y, de momento, sin aclarar lo ocurrido más allá de lo dispuesto en la resolución que lo daba por finalizado.

En concreto hablamos de una plaza para la Dirección de Comunicación para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, dirigida por Ciudadanos. Tras ocho meses de proceso, la Junta publicó el pasado 11 de octubre su finalización, algo de lo que se hizo eco el portal Extra Digital. lavozdelsur.es ha podido hablar con algunos de los candidatos participantes en la selección que han denunciado el desarrollo de la selección para confirmar los hechos.

Comencemos desde el principio. La Consejería de Igualdad hizo pública la convocatoria a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 25 de enero de 2021, así como las bases. El puesto, concretamente, se trataba de la Jefatura del Área de Comunicación con un contrato laboral indefinido, un periodo de prueba de seis meses y una retribución anual de 45.798,96 euros fijos y hasta 1.544,04 euros en variables por la consecución de objetivos. Unas condiciones apetecibles, más si cabe para un sector en el que abunda la precariedad. Hasta aquí todo normal.

Al tratarse de un concurso-oposición, además del título habilitante en Comunicación o Periodismo, era necesaria la experiencia de dos años en funciones similares en Administraciones Públicas, empresas privadas o entidades del tercer sector, así como acreditar una serie de méritos que posteriormente se contabilizarían conforme a un baremo. En total, la prueba constaba de cinco fases: comprobación de requisitos, prueba técnica tipo test, entrevista y prueba de inteligencia emocional, valoración de méritos y calificación final. Como decimos, todo o referente a las bases de la convocatoria, a priori, seguía los estándares de cualquier proceso selectivo. En total, 190 candidatos se inscribieron.

La Junta subcontrató a la empresa Adecco para llevar a cabo el proceso por algo más de 11.000 euros. Los problemas comienzan a surgir en la primera prueba presencial, es decir, en la fase dos. El examen, realizado el 12 de julio, consistía en la realización de un test de 60 preguntas en el que había que obtener 30 puntos entre preguntas de comunicación, cooperación e inglés. Según cuentan participantes en el examen a este medio, en la plantilla habitual para las respuestas no había ningún tipo de indicación sobre la manera de puntuar la prueba, algo que tampoco se había publicado previamente en las bases. Entonces, los candidatos comienzan a plantear dudas, una de ellas si los fallos restaban, algo que tampoco queda explicado. En general, los participantes se enfrentaron al examen sin tener muy claro cómo se iba a llevar a cabo la calificación.

La cuestión es que la Junta de Andalucía publica el acuerdo sobre los criterios de evaluación el 28 de julio, diez días después de la publicación de los resultados provisionales –19 de julio– y más de dos semanas después de la realización de la prueba. Entre los criterios vemos que no todas las preguntas puntúan igual –algo de lo que tampoco se avisó durante la realización– y que, tanto los fallos como las dejadas en blanco, restaban, aunque no de la misma forma. En total, fueron 22 los candidatos que superaron esta fase.

Entre todo esto hay una lluvia de quejas y alegaciones tras la celebración del ejercicio dentro de los días establecidos legalmente para ello. Sin embargo, según participantes, las alegaciones no fueron contestadas e, incluso, se inició la fase de las entrevistas personales sin haber resuelto las alegaciones que se habían presentado sobre las deficiencias del proceso. Únicamente, junto a los criterios, se hizo público el cuestionario del examen debido a las peticiones de varios opositores.

Muchas de las denuncias se canalizaron a través de la Asociación de Prensa de Sevilla, que puso el caso en manos de sus abogados. El presidente de la asociación, Rafael Rodríguez, ha explicado a este medio la misma versión expuesta anteriormente sobre las deficiencias e “irregularidades” que hubo en el proceso. El propio Rodríguez se puso en contacto con la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, María Luz Ortega, que ha responsabilizado a Adecco de todos los problemas ocurridos durante el concurso-oposición. Desde la APS explican que “había errores por todos lados” y se trataban de “irregularidades burdas”. Por ello, la asociación sevillana solicitó la suspensión y la aclaración con transparencia de lo sucedido para no acudir a los tribunales.

Ante este panorama, el organismo se vio obligado a anular el procedimiento esta misma semana. En la resolución, la Consejería argumenta que “el comité de selección advirtió la posible existencia de errores en las puntuaciones” y lo trasladó a Adecco que “confirmó la existencia de errores aritméticos, así como de incidencias en el volcado de la información”. Posteriormente, el propio comité de selección trasladó los hechos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía determinando éste que “los errores e incidencias ocurridos en la determinación de las puntuaciones de la prueba técnica del presente proceso selectivo no pueden ser subsanados”.

Aun así, este capítulo aún no se puede dar por cerrado. En los últimos días ha sido el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía el que ha solicitado toda la información sobre el procedimiento y “que se investiguen las causas”. Asimismo, el órgano colegiado reclama la reapertura del proceso “con total transparencia”. En esta línea se manifiestan también desde la APS: “Esperamos que se convoque un nuevo concurso para esa plaza y que se haga todo bien porque no se puede jugar con tanta gente”.

Sobre el autor:

Emilio Cabrera.

Emilio Cabrera

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