La organización Hazte Oír, en representación de las acusaciones populares del caso contra Begoña Gómez, ha presentado su escrito de acusación contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que solicita una condena de 24 años de prisión por cuatro delitos de corrupción.
La acusación popular —en este procedimiento el Ministerio Fiscal no acusa— sostiene que, tras la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno, Gómez "dio un giro radical" a su carrera profesional "con plena consciencia de ello y de forma voluntaria", solicitando la excedencia en junio de 2018 en Inmark, la empresa de marketing en la que trabajaba.
Según el escrito, ese cambio de rumbo profesional habría tenido como objetivo "acceder a círculos de poder e influencia". La acusación señala que en agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center, que estableció relaciones con la OMT y con Wakalua —así como con el Grupo Barrabés—, y que en 2020 impulsó la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, formalizada el 30 de octubre de ese año.
Cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida
Al igual que el juez instructor Juan Carlos Peinado, que concluyó la investigación apreciando indicios de cuatro delitos, la acusación popular ve indicios de dos delitos de tráfico de influencias, uno de corrupción en los negocios, uno de malversación y uno de apropiación indebida. El escrito dirige la acusación también contra la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, a quien atribuye los mismos delitos, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés, al que acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez ha interpuesto un recurso de queja contra el último auto del juez Peinado, en el que este acortó los plazos de la ley del jurado y pidió a las acusaciones el escrito de conclusiones para sentar a los tres acusados ante un jurado popular.
La defensa argumenta que el auto debe anularse porque "omite" el trámite de conceder cinco días a las partes para presentar pruebas y porque se dictó sin haber resuelto los recursos contra el auto que acomodaba la investigación a la ley del jurado. Según el recurso, se trata de "una indefensión real y efectiva, lo cual resulta constitucionalmente inadmisible".
La defensa: "No hay prueba de nada, solo hipótesis"
La defensa también ha cargado contra una frase del magistrado incluida en ese auto, en la que Peinado afirmaba que las conductas investigadas son "propias de palacios presidenciales" y que habría que remontarse al "régimen absolutista de Fernando VII" para encontrar algo parecido.
Para la defensa, se trata de "una afirmación absolutamente inaceptable" que hace "dudar de la imparcialidad del instructor", al ser "impropia de un titular de la Potestad Jurisdiccional" y transmitir "una imagen de la Administración de Justicia en nuestro país que no es cierta y que es sumamente inconveniente".
El recurso sostiene que en casi dos años de investigación, con cerca de 30 tomos de causa y decenas de declaraciones, no existe "una sola prueba" que avale que Gómez y Barrabés forjaron una relación de intereses. Sobre la reunión con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el recurso explica que se celebró en el Palacio de la Moncloa porque la institución educativa estaba cerrada por el covid, que respondía a la actividad profesional que ella ya venía desarrollando en la universidad y que el rector nunca transmitió que hubiera que "crear una cátedra para Begoña".
La cátedra, añade la defensa, cumplió con todos los requisitos legales y tardó cuatro meses en ver la luz, siguiendo "el funcionamiento ordinario" de este tipo de figuras académicas bajo el control formal, económico e institucional de la UCM.