La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en el caso de los ERE. El tribunal sevillano considera necesario consultar al TJUE para evitar un posible riesgo de impunidad en casos similares y garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
La decisión, recogida en un auto fechado el 14 de julio y notificado al día siguiente a las partes, implica también la suspensión de la tramitación de la causa en lo relativo a la ejecución de los mandatos del TC, exclusivamente respecto a los acusados afectados por esta cuestión prejudicial. Esta suspensión permanecerá en vigor hasta que el TJUE se pronuncie sobre los interrogantes planteados por el tribunal andaluz.
Los magistrados de la Audiencia de Sevilla consideran que las resoluciones del TC podrían ser incompatibles con el Derecho de la Unión, al no haber valorado los intereses comunitarios implicados. Según la Sala, estas sentencias podrían vulnerar el principio de primacía del Derecho Europeo y provocar una interpretación desigual y no uniforme de las normas comunitarias en materia de lucha contra el fraude y protección del presupuesto de la Unión.
La Audiencia sostiene que el TC impuso una interpretación restrictiva del derecho penal nacional en relación con los delitos de corrupción, lo que, a juicio de los magistrados, podría ser contrario a la jurisprudencia del TJUE, en particular a la sentencia del caso Euro Box Promotion de diciembre de 2021. Esta situación, alertan, podría suponer una merma en la tutela judicial efectiva frente a delitos que afectan a los intereses económicos europeos.
Anuladas las condenas
La decisión del tribunal sevillano llega tras la anulación por parte del TC de las condenas impuestas a diez ex dirigentes socialistas andaluces por prevaricación y, en algunos casos, malversación, relacionadas con el sistema de ayudas públicas de los ERE. El Constitucional ordenó dictar nuevas sentencias teniendo en cuenta sus argumentos, al considerar que las resoluciones anteriores se basaron en una interpretación jurídica inadecuada.
Según el TC, los órganos judiciales que emitieron las condenas incurrieron en una aplicación imprevisible del tipo penal al considerar que la aprobación de anteproyectos de ley podía ser calificada como resolución administrativa. En opinión del alto tribunal, esto vulneraba el derecho a la legalidad penal previsto en la Constitución.
Pese a ello, la Audiencia Provincial estima que resulta imprescindible la intervención del TJUE para esclarecer si las directrices del TC se ajustan al marco normativo comunitario. Los jueces argumentan que deben adoptar su decisión final en función de lo que determine el TJUE, como tribunal competente para la interpretación del Derecho de la Unión.
