La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado la solicitud de la Junta de Andalucía para reincorporarse al procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Esta decisión se produce en el contexto de la posible elevación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras la orden del Tribunal Constitucional de que se dicten nuevas sentencias en el caso, anulando previamente las condenas a varios implicados, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En una providencia emitida el 29 de mayo, la Sección Primera de la Audiencia considera que no procede aceptar la petición del Ejecutivo andaluz, al no figurar este como parte en el procedimiento. El tribunal recuerda que la Junta solicitó antes del juicio el sobreseimiento de las actuaciones y la reserva de acciones civiles, decisión que motivó la oposición de varias defensas, incluida la de Griñán.
El tribunal sevillano había habilitado con anterioridad un plazo para que las partes se pronunciaran sobre la actuación del Tribunal Constitucional. En particular, debía evaluarse si esta instancia se había extralimitado al reinterpretar los delitos de prevaricación y malversación, si su doctrina contraviene las exigencias internacionales en materia de lucha contra la corrupción, y si es posible no aplicar las sentencias anulatorias.
La postura del Constitucional
El Constitucional, en su argumentación, concluyó que tanto la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial como el Tribunal Supremo al confirmar las condenas, habrían incurrido en una interpretación jurídica imprevisible. En su opinión, dicha interpretación habría vulnerado el principio de legalidad penal recogido en el artículo 25 de la Constitución Española.
Según el Tribunal Constitucional, la participación de cargos públicos en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos no puede ser considerada como una resolución en un asunto administrativo. Además, advirtió de que los jueces están obligados a respetar la ley y solo pueden cuestionarla si consideran que es inconstitucional, debiendo plantear entonces una cuestión de inconstitucionalidad, pero no actuar al margen de ese procedimiento.
La Junta culpa al PSOE
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha incidido en el respeto "siempre a las decisiones judiciales" después de que la Audiencia de Sevilla rechace la nueva personación de la Junta de Andalucía para apoyar que el caso ERE llegue al TJUE. Además, espera que, "si en un futuro la Audiencia termina llevando el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la Junta de Andalucía se le escuche, pueda ser oída en ese procedimiento judicial".
Así lo ha señalado España tras ser cuestionada por una valoración después de que la Audiencia de Sevilla rechace la nueva personación de la Junta de Andalucía para apoyar que el caso ERE llegue al TJUE. España, en primer lugar, ha incidido en el respeto "siempre a las decisiones judiciales", pero, ha continuado, "entendemos que esta es una decisión como consecuencia de que en su momento el PSOE, cuando gobernaba la Junta de Andalucía, decidió retirarse del caso ERE".
"Por lo tanto, al retirarse, ahora esto es una consecuencia de esa decisión", ha dicho. Por último, ha dicho que "nosotros lo que esperamos es que si en un futuro la audiencia termina llevando el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esperemos que a la Junta de Andalucía se le escuche, pueda ser oída en ese procedimiento judicial", ha concluido.