La Fiscalía Anticorrupción investiga los gastos de varias tarjetas de crédito utilizadas por el rey emérito Juan Carlos I, la reina Sofía y algunos familiares directos, según informa eldiario.es, que asegura que los fondos provienen del extranjero. Ni el rey Felipe, ni la reina Letizia, ni sus hijas, Leonor y Sofía, figuran entre los citados familiares.
Los movimientos investigados por Anticorrupción se corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que entonces no contaba con la inviolabilidad de la que disfrutó hasta 2014, año de su abdicación en su hijo. Los reyes eméritos no figuran como titulares en las cuentas investigadas, de las que supuestamente extraían fondos a través de tarjetas de crédito que usaban, además, familiares directos como algunos de sus nietos, sin que hasta el momento hayan trascendido quienes son.
La Fiscalía, según adelanta eldiario.es, ha encontrado indicios de un posible delito fiscal, ya que los movimientos superan los 120.000 euros en un solo ejercicio. Los reyes eméritos, al estar aforados, serán juzgados, en caso de que la investigación prospere, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El origen de los fondos utilizados es otra de las incógnitas que Anticorrupción pretende desvelar, y ya ha solicitado información a varios países para rastrear la procedencia de los fondos utilizados.
Un mando de la Guardia Civil y un ciudadano mexicano son los primeros vinculados, presuntamente, con esta trama de supuestos fondos opacos, entre los que se encuentran cargos de viajes a Londres, donde la reina Sofía mantiene su residencia habitual desde hace varios años. El rey emérito percibió en 2019 un total de 161.034 euros de la asignación directa que recibe la Casa Real, y en 2020 tan solo una cuarta parte, ya que Felipe VI le retiró la asignación en marzo. La reina Sofía percibirá en 2020 un total de 111.854 euros.
Piden el archivo de la causa de los 65 millones saudíes
El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65 millones saudíes, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del rey emérito. Sin embargo, esa petición de archivo incluirá una detallada exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima la investigación abierta al Rey emérito por posible cobro de comisiones irregulares y su ocultación en paraísos fiscales, que previsiblemente será cerrada sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna, según adelanta El Confidencial. La clave estaría en la aplicación extensiva de la inviolavilidad prevista en la Constitución, de la que gozó hasta su abdicación en junio de 2014 y que podría ser aplicada a los hechos investigados.
Las últimas noticias que habían trascendido desde el Ministerio Público podrían haber hecho pensar en un movimiento contrario, ya que el fiscal de Sala que dirige la investigación, Juan Ignacio Campos, admitió en un informe dado a conocer el pasado 1 de octubre que la comisión rogatoria solicitada a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra, pese a que en dichas fechas no había sido cumplimentada en su totalidad-, abría "nuevas perspectivas" y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, "que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar" en dicho momento.
La investigación fiscal está dirigida a establecer la participación de Juan Carlos I en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado". Una parte importante ha estado también dirigida a estudiar si las actividades presuntamente delictivas están o no prescritas.
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