El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado este miércoles el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030, la mayor inversión de la comunidad en la materia hasta la fecha. En total serán 1.500 millones de euros los que la comunidad destine para tener un modelo propio de Servicio Público de Justicia.
El objetivo de este plan es "que los cerca de diez mil profesionales que ejercen su actividad en los juzgados andaluces lo hagan en unas condiciones óptimas de servicio y para que los 1,2 millones de asuntos que se tramitan cada año lo hagan con la mayor diligencia y seguridad". Se trata del plan más ambicioso de un Gobierno en España para modernizar la Justicia.
Según Moreno esto supone un cambio total que creará nuevos ecosistemas para una Justicia moderna, digital y donde se ofrezca un trabajo ágil y eficaz. "La última finalidad es que los andaluces disfruten de una justicia rápida y de calidad, especialmente las personas vulnerables y con menos recursos, mejorando la Justicia Gratuita y garantizando la plena accesibilidad".
Desde 2019, la Junta ha puesto en marcha algunas soluciones parciales para Partidos Judiciales como Barbate, Almuñécar o Lebrija, además de la compra del Campus de Palmas Altas para construir la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Moreno ha incidido en que se va a actuar en los 85 Partidos Judiciales, sin ninguna excepción, y que todas las capitales tendrán su Ciudad de la Justicia, ya que, según, ha apuntado, "tras veintisiete años de competencias tan solo Málaga, Almería y Córdoba la tienen". "Ya está en marcha la de Sevilla, ampliaremos la de Málaga, se ha publicado el estudio de viabilidad de Jaén, se trabaja en el proyecto de Cádiz y el de Granada, tras la compra del edificio emblemático El Cubo, y en Huelva se va a firmar en los próximos días el convenio con el Ayuntamiento para la cesión del suelo".
El presidente de la Junta ha puntualizado que se va a invertir para evitar el gasto constante de obras de emergencias y que se van a reducir al máximo los alquileres de las sedes judiciales, pasando de sesenta y seis a solo seis, y de gastar 17 millones al año a menos de 2 millones, a lo que se suma que se reinvertirán los recursos de las sedes liberadas.
En este punto, ha aludido a la importancia de aprovechar la colaboración institucional, públicoprivada, que permitirá construir once de las cuarenta y dos nuevas sedes, y ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos y las diputaciones a este respecto. Para concluir, ha mencionado el impulso que se va a dar a nuevas modalidades de contrato como la Concesión de Obra Pública para relanzar los grandes proyectos estancados como los de Jaén, Cádiz y Huelva. "Quiero destacar que, por primera vez, Andalucía podrá usar fondos europeos para sedes judiciales".
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