José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, ha anunciado que ha presentado una denuncia contra Vox y contra Álvaro Zancajo, jefe de prensa de la formación de ultraderecha.
El diputado en el Parlamento de Andalucía ha señalado al respecto que "Acabamos de denunciar ante la Oficina Antifraude a Vox y al número 2 de Abascal, Álvaro Zancajo. Cobra 60.000 euros anuales de Canal Sur y no trabaja para la RTVA sino para el partido de Vox". García ha añadido que "estamos hartos de los señoritos de las paguitas".
Las presuntas irregularidades en el foco de la denuncia
La denuncia presentada por Adelante Andalucía se basa en las presuntas irregularidades relacionadas con la situación profesional de Álvaro Zancajo, actual responsable nacional de comunicación de Vox. Desde octubre de 2024, Zancajo ejerce como jefe de prensa del partido, acompañando a Santiago Abascal en actos públicos y desempeñando funciones de interlocución con los medios, mientras mantiene su condición de consejero en la radiotelevisión pública andaluza con una retribución cercana a los 60.000 euros anuales.
El marco normativo de la RTVA establece un régimen estricto de incompatibilidades para los miembros de su Consejo de Administración. Este contempla la prohibición de mantener relaciones directas o indirectas con gabinetes de comunicación y exige una dedicación plena y exclusiva al cargo. Además, el reglamento impide cualquier vínculo con actividades relacionadas con el ámbito mediático o comunicativo, lo que situaría bajo escrutinio el desempeño simultáneo de responsabilidades políticas y funciones institucionales.
Zancajo, que fue nombrado consejero en representación de Vox en 2022 tras una trayectoria en distintos medios de comunicación, percibe un salario base superior a los 40.900 euros anuales, al que se suman complementos por asistencia y compensaciones por gastos. La controversia se intensifica al asumir posteriormente un cargo equiparable al de director de comunicación dentro del partido, pese a las limitaciones recogidas en la normativa interna del ente público.
Actividad pública y declaración de intereses
La posible incompatibilidad se apoya también en la visibilidad de su actividad política durante el último año y medio. Su presencia junto a Santiago Abascal ha sido constante en distintos actos en varias comunidades autónomas, donde ha actuado como enlace con periodistas, consolidando un papel activo dentro de la estructura comunicativa del partido. Esta exposición pública refuerza la percepción de un doble desempeño profesional.
Sin embargo, esta actividad no figura en su declaración oficial de actividades, bienes e intereses registrada en el portal de transparencia de la administración autonómica. En ese documento sí constan elementos patrimoniales como una vivienda en Madrid con un valor catastral de 62.934 euros, alrededor de 70.000 euros en cuentas bancarias y un vehículo Porsche Cayenne valorado en 6.000 euros.
El caso plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las normas de incompatibilidad y el alcance de las funciones desempeñadas en paralelo. La evolución de la denuncia y su eventual tramitación determinarán si estas circunstancias se ajustan o no al marco legal vigente.