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Juanma Moreno todavía no ha iniciado contactos formales con Vox para negociar la formación de gobierno en Andalucía, y el reloj corre. El próximo 11 de junio se constituye el Parlamento autonómico, donde habrá que elegir presidente de la Cámara y miembros de la Mesa. Falta apenas una semana y no hay indicios de acuerdo. Será ese presidente -que podría ser de Vox- quien, tras reunirse con todos los portavoces, proponga un candidato a la investidura.
Las opciones sobre la mesa no son muchas: o acuerdo con Vox o investidura fallida, aplazada a nuevos tiempos tras el verano. Significaría paralizar una parte de la administración, en aquello que significa el impulso político parlamentario, las comisiones, proyectos legislativos...
Mientras Andalucía espera, PP y Vox han sellado en Castilla y León el acuerdo de coalición que llevaban semanas negociando, más de dos meses y medio después de las elecciones del 15 de marzo. Un acuerdo que podría marcar el camino a seguir, ya que revela qué está dispuesto a asumir cada parte.
El presidente castellano en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que los ultras se quedan con una vicepresidencia primera —que ocupará el candidato de Vox, Carlos Pollán— y tres consejerías: Agricultura y Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Deporte, y Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El PP retiene la gestión de los incendios dentro de Medio Ambiente.
El pacto replica el modelo ya aplicado en Extremadura y Aragón. Incluye la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas a la vivienda y prestaciones sociales, que Mañueco definió como "una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real y verificable" con la comunidad. Pollán también destacó "un plan de choque y de rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez". El acuerdo contempla 19 ejes y 324 medidas, y ambas partes se comprometieron a sacar adelante los Presupuestos, el primero para 2027.
La reacción del Gobierno central no se hizo esperar. El ministro Óscar López fue contundente: "Es lamentable que en el siglo XXI se firmen pactos que se llaman prioridad nacional y que en realidad son una vergüenza nacional", y calificó el mensaje que transmiten de "xenófobo" y "racista".
Juanma Moreno todavía no ha iniciado contactos formales con Vox para negociar la formación de gobierno en Andalucía, y el reloj corre. El próximo 11 de junio se constituye el Parlamento autonómico, donde habrá que elegir presidente de la Cámara y miembros de la Mesa. Falta apenas una semana y no hay indicios de acuerdo. Será ese presidente -que podría ser de Vox- quien, tras reunirse con todos los portavoces, proponga un candidato a la investidura.
Las opciones sobre la mesa no son muchas: o acuerdo con Vox o investidura fallida, aplazada a nuevos tiempos tras el verano. Significaría paralizar una parte de la administración, en aquello que significa el impulso político parlamentario, las comisiones, proyectos legislativos...
Mientras Andalucía espera, PP y Vox han sellado en Castilla y León el acuerdo de coalición que llevaban semanas negociando, más de dos meses y medio después de las elecciones del 15 de marzo. Un acuerdo que podría marcar el camino a seguir, ya que revela qué está dispuesto a asumir cada parte.
El presidente castellano en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que los ultras se quedan con una vicepresidencia primera —que ocupará el candidato de Vox, Carlos Pollán— y tres consejerías: Agricultura y Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Deporte, y Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El PP retiene la gestión de los incendios dentro de Medio Ambiente.
El pacto replica el modelo ya aplicado en Extremadura y Aragón. Incluye la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas a la vivienda y prestaciones sociales, que Mañueco definió como "una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real y verificable" con la comunidad. Pollán también destacó "un plan de choque y de rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez". El acuerdo contempla 19 ejes y 324 medidas, y ambas partes se comprometieron a sacar adelante los Presupuestos, el primero para 2027.
La reacción del Gobierno central no se hizo esperar. El ministro Óscar López fue contundente: "Es lamentable que en el siglo XXI se firmen pactos que se llaman prioridad nacional y que en realidad son una vergüenza nacional", y calificó el mensaje que transmiten de "xenófobo" y "racista".
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