La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido por primera vez que el “ático fue un error”. Lo ha dicho en una entrevista con Bloomberg, en la que aclara que el error no fue comprar una vivienda de lujo en Chamberí, sino “cómo lo explicamos”. El ático de Ayuso sigue sin encontrar comprador, y el Tribunal de Cuentas ha decidido investigar la operación.
El Gobierno regional compró el ático, en la calle General Martínez Campos, a través de la empresa pública Planifica Madrid, y nunca informó de la operación. La compra salió a la luz a finales de julio, cuando la publicó El País. El equipo de Ayuso explicó entonces que el piso iba a servir de despacho temporal para la presidenta mientras se hacían obras en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional.
Más tarde, Ayuso contó que la idea de comprar la vivienda no había sido suya, sino de su equipo. “A mí no me pareció mal”, reconoció.
La oposición criticó la compra porque se trataba de un ático de lujo en una de las zonas más cotizadas de Madrid. También señaló que el inmueble solo tiene uso residencial y, por tanto, no puede usarse como oficina, que era lo que pretendían la presidenta y su equipo. Además, el ático está cerca de donde vivían Ayuso y su expareja, lo que alimentó todo tipo de especulaciones sobre un posible uso distinto del anunciado.
Ante la polémica, el Gobierno madrileño decidió vender el ático y destinar el dinero a recuperar la Sierra Oeste, arrasada por un incendio el verano pasado. Sin embargo, los concursos públicos para venderlo han quedado desiertos: nadie ha pujado por él.
El Tribunal de Cuentas investiga la compra del ático de Ayuso
Hace una semana, el Tribunal de Cuentas rechazó archivar el caso, como pedían la Comunidad y Planifica Madrid. La consejera de Cuentas ve indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en la compra, por la que se pagaron 6,3 millones de euros. En su auto, acuerda elevar el caso a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a un delegado instructor, que investigará las presuntas irregularidades y determinará si hay responsabilidad contable.
La Comunidad y Planifica Madrid pedían el archivo porque, según ellas, no hubo perjuicio para las arcas públicas: en el balance de la empresa, ese dinero se cambió por un inmueble. La consejera responde en su escrito que el problema no es que falte el dinero, sino que son fondos públicos gastados en un fin distinto del que marca la ley.
“Los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”, recoge el auto, según Europa Press.
El auto añade que la compra se hizo sin que constara al principio un encargo formal de la Comunidad ni una memoria previa que justificara la necesidad de adquirir el piso. La memoria que la Comunidad presentó después para justificar su uso institucional se redactó el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de firmarse la compraventa.
El Tribunal también quiere aclarar si se pagó un sobreprecio por este piso de lujo de unos 485 metros cuadrados. La primera tasación, encargada a Gesvalt y fechada el 13 de febrero de 2026, lo valoró en 6.242.884,19 euros, frente a los 6,3 millones que pagó la Comunidad. Las denuncias apuntan además a otros posibles costes de la operación y calculan que el perjuicio económico podría ser de al menos 437.058 euros.
Más Madrid y otros denunciantes llevaron el caso al Tribunal de Cuentas, que ahora lo investigará. Aun así, el auto subraya que esta decisión “no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables”, algo que se determinará durante la investigación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido por primera vez que el “ático fue un error”. Lo ha dicho en una entrevista con Bloomberg, en la que aclara que el error no fue comprar una vivienda de lujo en Chamberí, sino “cómo lo explicamos”. El ático de Ayuso sigue sin encontrar comprador, y el Tribunal de Cuentas ha decidido investigar la operación.
El Gobierno regional compró el ático, en la calle General Martínez Campos, a través de la empresa pública Planifica Madrid, y nunca informó de la operación. La compra salió a la luz a finales de julio, cuando la publicó El País. El equipo de Ayuso explicó entonces que el piso iba a servir de despacho temporal para la presidenta mientras se hacían obras en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional.
Más tarde, Ayuso contó que la idea de comprar la vivienda no había sido suya, sino de su equipo. “A mí no me pareció mal”, reconoció.
La oposición criticó la compra porque se trataba de un ático de lujo en una de las zonas más cotizadas de Madrid. También señaló que el inmueble solo tiene uso residencial y, por tanto, no puede usarse como oficina, que era lo que pretendían la presidenta y su equipo. Además, el ático está cerca de donde vivían Ayuso y su expareja, lo que alimentó todo tipo de especulaciones sobre un posible uso distinto del anunciado.
Ante la polémica, el Gobierno madrileño decidió vender el ático y destinar el dinero a recuperar la Sierra Oeste, arrasada por un incendio el verano pasado. Sin embargo, los concursos públicos para venderlo han quedado desiertos: nadie ha pujado por él.
El Tribunal de Cuentas investiga la compra del ático de Ayuso
Hace una semana, el Tribunal de Cuentas rechazó archivar el caso, como pedían la Comunidad y Planifica Madrid. La consejera de Cuentas ve indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en la compra, por la que se pagaron 6,3 millones de euros. En su auto, acuerda elevar el caso a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a un delegado instructor, que investigará las presuntas irregularidades y determinará si hay responsabilidad contable.
La Comunidad y Planifica Madrid pedían el archivo porque, según ellas, no hubo perjuicio para las arcas públicas: en el balance de la empresa, ese dinero se cambió por un inmueble. La consejera responde en su escrito que el problema no es que falte el dinero, sino que son fondos públicos gastados en un fin distinto del que marca la ley.
“Los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”, recoge el auto, según Europa Press.
El auto añade que la compra se hizo sin que constara al principio un encargo formal de la Comunidad ni una memoria previa que justificara la necesidad de adquirir el piso. La memoria que la Comunidad presentó después para justificar su uso institucional se redactó el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de firmarse la compraventa.
El Tribunal también quiere aclarar si se pagó un sobreprecio por este piso de lujo de unos 485 metros cuadrados. La primera tasación, encargada a Gesvalt y fechada el 13 de febrero de 2026, lo valoró en 6.242.884,19 euros, frente a los 6,3 millones que pagó la Comunidad. Las denuncias apuntan además a otros posibles costes de la operación y calculan que el perjuicio económico podría ser de al menos 437.058 euros.
Más Madrid y otros denunciantes llevaron el caso al Tribunal de Cuentas, que ahora lo investigará. Aun así, el auto subraya que esta decisión “no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables”, algo que se determinará durante la investigación.
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