El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido a motivos políticos la sanción de 862.496,72 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas a su formación por recibir donaciones incumpliendo los requisitos legales. La infracción ha sido calificada como “muy grave” por el órgano fiscalizador, lo que ha llevado al dirigente a considerar que existe una estrategia para hacer inviable a su partido.
Durante un acto en Fuenlabrada (Madrid) organizado por el sindicato Solidaridad con motivo del Día del Trabajador, Abascal ha calificado la sanción como “sin precedentes” y ha defendido que responde a una supuesta persecución contra Vox. En su intervención ha asegurado que esta medida busca dañar a la formación política, aunque sin llegar, por el momento, a su ilegalización.
El líder del partido ha afirmado que los servicios jurídicos de Vox analizarán si la actuación del Tribunal podría suponer un caso de prevaricación. No obstante, ha insistido en que la decisión del órgano fiscalizador responde a criterios políticos, y no técnicos, y ha puesto en duda su imparcialidad.
Abascal ha cuestionado que se considere ilegal la financiación obtenida por su formación a través de la venta de productos como pulseras en eventos del partido. Ha defendido que dicha práctica no debería ser sancionada como donación anónima, aludiendo a que estas actividades se realizan en espacios donde, según ha subrayado, sus militantes asumen riesgos físicos.
Vox prepara un recurso
Frente a la sanción, el dirigente ha asegurado que la credibilidad de Vox permanece intacta y ha anunciado que recurrirán la resolución ante el Tribunal Supremo. Se ha mostrado convencido de que lograrán revocar la decisión del Tribunal de Cuentas mediante los cauces judiciales correspondientes.
Abascal ha acusado al Gobierno y a ciertas instituciones del Estado de carecer de legitimidad moral para imponer este tipo de sanciones, asegurando que han sido instrumentalizadas con la colaboración del Partido Popular. A su juicio, el caso constituye una maniobra destinada a deslegitimar a su partido sin afectar a su determinación política.