La Junta de Andalucía debe cumplir con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla y publicar el detalle de su gasto anual en publicidad institucional, concretando al céntimo no solo qué cantidad del presupuesto de todos los andaluces destina a los medios de comunicación privados que operan en la comunidad, sino cuánto reciben cada una de estas empresas al año. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), a raíz de una denuncia de eldiario.es, reclamó la publicación de estas partidas a la agencia que controla el mayor volumen de las partidas por este concepto para la Junta de Andalucía, M&C Saatchi Madrid.
En marzo de 2021, lavozdelsur.es, que ha puesto en manos de sus servicios jurídicos esta fuerte competencia desleal entre empresas que espolea el Gobierno de PP y Cs en la Junta, solicitó esta información, vía Portal de Transparencia, a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta, pero su responsable, Marta Olea, se negó a ofrecer el pormenor de estos contratos y los criterios utilizados para conceder estas campañas pagadas con dinero público. En ese momento aseguraba que la campaña del último 28F se difundió en 71 soportes, aunque no especificaba cuáles, ni en qué proporción y bajo qué criterios se había repartido ese dinero público.
Según este órgano directivo adscrito a la Consejería de Presidencia del Gobierno andaluz, "las relaciones entre la agencia y sus proveedores, incluido los importes que perciben los medios, pertenecen al ámbito jurídico privado”. Ahora esa opacidad al fin se romperá y esos mecanismos de reparto arbitrario quedarán en evidencia si, como ha prometido Elías Bendodo, consejero de Presidencia, los responsables de la Junta acatan la sentencia y hacen públicos estos datos que deben ser obligatoriamente públicos. Pero no solo en la Junta, sino también en Diputaciones controladas por el PSOE como la Diputación de Cádiz o Sevilla.
El primer año de legislatura del autodenominado gobierno del cambio en Andalucía, lavozdelsur.es fue incluida, como había sucedido en los últimos años, en la campaña de publicidad institucional que promueve la Junta con motivo del 28F. Desde 2020, en cambio, el Gobierno andaluz ha dejado fuera de dicho reparto, sin más explicación, a este periódico. Un medio andaluz cuya audiencia está auditada oficialmente y tiene registro en el Romda (Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía) del Colegio de Periodistas de Andalucía. En cambio, ni en 2020, ni en 2021, ni en la campaña de 2022 la Junta, a diferencia de lo que sí hizo en 2019, ha incluido a lavozdelsur.es entre los soportes para difundir esta acción con motivo del 28F. ¿Por qué? ¿Discriminación por línea editorial, veto por algún motivo que desconocemos?
Tampoco la señora Marta Olea, pese a la mediación de pesos pesados del PP andaluz como Antonio Sanz (viceconsejero de Presidencia), atiende las demandas de reuniones por parte de la dirección editorial y comercial de este periódico. Una cabecera 100% andaluza con un millón de lectores únicos mensuales (un 25% de ese tráfico asentado en Sevilla). Ni los burofax, ni las llamadas a su secretaria… la directora general de Comunicación Social no responde y comunica ante la llamada de un medio de comunicación social. ¡Qué paradoja! ¿Este era el cambio? ¿Este es el talante, la ausencia de sectarismo, la pluralidad y la moderación de la que presume el señor Moreno Bonilla? La nueva campaña por el Día de Andalucía se ha dado en llamar Andalucía, con F de Futuro, aunque a la vista del historial de este Gobierno de PP y Cs más bien debiera llamarse Andalucía, con F de Fraude en lo que respecta a su Gobierno autonómico.
En la comisión parlamentaria de Presidencia, el diputado socialista Mario Jiménez advirtió hace unos días que Bendodo se encontraba "contrariado" y "muy mosqueado" por la sentencia, dada su "estrategia de pequeño tirano" en relación con sus actuaciones en materia de publicidad institucional. "Los tribunales le han sacado los colores", le ha dicho, resaltando que la Junta va a proporcionar ahora la información "porque se lo han exigido, no porque sean transparentes". "Ustedes son transparentes por imperativo legal", le ha trasladado Jiménez. Según señaló, la Junta ha "multiplicado por tres", con 13 millones de euros, las partidas destinadas a "publicidad y propaganda" en comparación con el PSOE ("4 millones").
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