21 ideas "positivas y necesarias" para que España tenga una transición ecológica justa

La Fundación Savia traslada al ministerio que dirige Teresa Ribera una serie de medidas para garantizar la supervivencia digna de las generaciones presentes y futuras

La ministra Teresa Ribera, en una imagen reciente.
La ministra Teresa Ribera, en una imagen reciente.

La Fundación Savia ha remitido el pasado viernes 17 de abril un escrito a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para hacerle traslado de algunas ideas que pueden ser cruciales para que de verdad nos embarquemos en una auténtica transición ecológica. Los beneficios que suponen la paralización de varios sectores productivos a causa del coronavirus se están mostrando en forma de reconciliación con la Tierra y la naturaleza.

Las políticas no son lo suficientemente contundentes y unánimes como debieran para garantizar la supervivencia digna de las generaciones presentes y futuras. El ser humano ha pasado a ser uno más entre millones de especies en peligro de extinción. Por eso la Fundación Savia propone trabajar en soluciones duraderas y repensar muchos aspectos de nuestro modelo social, económico y ambiental. El mundo rural es clave para un desarrollo equilibrado. Se ha comprobado en estas semanas cómo el sector agroalimentario y sus trabajadores son estratégicos para el abastecimiento de toda la población que generan empleo, clima, seguridad y salud. Abordar los problemas estructurales de la despoblación debe realizarse de manera conjunta con las políticas ambientales, el calentamiento global y la transición agroalimentaria.

En el documento que ha elaborado la Fundación Savia se recogen 21 puntos con amplias sugerencias, algunas de carácter transversal, para, lo que ellos consideran, garantizar un mejor futuro para todos. “Ideas oportunas, positivas y necesarias” dicen. El primer punto aborda la creación de un Comisionado de Transición Agroalimentaria, porque esta situación ha evidenciado que la salud y la alimentación van de la mano, junto a un plan de ganadería extensiva, ecológica y de montaña con especial atención a las actividades de transhumancia. La ganadería extensiva produce toda una serie de bienes públicos entre los que destacan el control de incendios y el abonado y dispersión de semillas. Las inversiones en I+D+i que modernicen nuestro sistema de producción y transformación alimentaria resulta imprescindible.

Además, reclaman un mayor control de la actividad cinegética por los desequilibrios que el mal manejo ha provocado; un plan de fortalecimiento del sector apícola con controles y retirada del mercado de los insecticidas por su grave afección a las abejas; protección de los sistemas agrarios de alto valor natural como las dehesas; y salvaguarda del ecosistema de campiña con un manejo compatible entre el uso agrícola y la conservación.

Consideran necesario el afianzamiento de la producción ecológica ante los grandes retos del nuestro territorio, el calentamiento global y la despoblación y, en consecuencia, la reducción del uso de agroquímicos para el control de hiervas y la protección y mejora de la fertilidad de los suelos y su integridad, impulsando de manera decidida la producción ecológica, financiando una restauración hidrológica forestal y contando con la participación de la población afectada.

También dicen ser preciso la adaptación de la gestión del territorio a actividades vinculadas al secano debido a la alta demanda de agua de las explotaciones de regadío y la disminución de lluvias. En este sentido, mantener la calidad de las aguas para el abastecimiento se convierte en una cuestión obliga que debería afrontarse con un plan de depuración efectiva de aguas arriba hacia abajo.

Asignaturas pendientes consideran los modelos de conservación mediante acciones de custodia del territorio y la actualización de la política forestal, evitando el monocultivo silvícola y reforestando con especies autóctonas y adaptadas en zonas no cultivables. Al mismo tiempo, creen pertinente crear un plan de recuperación de humedales; definir moratorias y medidas que permitan la recuperación de los caladeros y sus ecosistemas marinos; y establecer un plan de incentivos para la actividad salinera.

Por otra parte, entre sus propuestas, discurren medidas en la dispersión de la población; la movilidad priorizando el transporte público y creando un sistema de trenes rurales que conecten los territorios; el transporte de mercancías debe realizarse a través de la red ferroviaria siempre que sea posible; y una transición energética real coordinando y priorizando las fuentes de energía no contaminantes.

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