La Gran Recesión que arrancó hace ahora diez años con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos se ha cobrado muchas víctimas. El sector financiero tampoco ha escapado a las dentelladas de los recortes y los ajustes, coartada perfecta para una purga que ha destruido miles de empleos y oficinas en todo el país, con especial saña en Andalucía. Entre 2008 y 2017, ha denunciado CCOO, Andalucía perdió el 36,38% de su red comercial, lo que supone, 2.550 oficinas que las 47 entidades financieras (8 incluidas en la CECA –antiguas Cajas de Ahorro-, 27 del ámbito de la Asociación Española de Banca –AEB- y 12 Cooperativas de Crédito) mantenían en nuestra comunidad. Estos cierres suponen el 13,9% del total de cierres de oficina en el territorio nacional, aunque el peso de la red andaluza sobre el total estatal se ha incrementado ligeramente pasando del 15,35% en el 2008 al 16,33% en 2017.
El sindicato ha explicado que en diciembre de 2016, Andalucía contaba con 4.572 oficinas bancarias, mientras que a finales de 2017 estas se redujeron a 4.460, o sea, 112 oficinas menos. “Esos cierres han supuesto pérdida de empleo y falta de atención a la clientela en localidades en las que se está produciendo una progresiva exclusión financiera que provocará más desigualdad”, denuncia. Esto también, obviamente, ha significado destrucción masiva de empleo en la región. La comunidad ha perdido 12.766 empleos desde el 2008. En este periodo pasó de contar con más de 37.000 personas empleadas en las entidades financieras a poco más de 24.500. Esto supone que en Andalucía se ha perdido el 34,19% del empleo directo que tenían las entidades a comienzos de la crisis hace diez años.
A ello se une, a pesar de los beneficios crecientes del sector, un empeoramiento de las condiciones laborales de la plantilla que se ha quedado, con prolongaciones de jornada que siguen creciendo por el incremento de las cargas de trabajo y una inaguantable presión comercial. El sindicato ha dejado claro que seguirá denunciando el fraude que supone a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública y a la sociedad en general los millones de horas extra sin remunerar que se hacen en el sector financiero ante la opinión pública, las Inspecciones de Trabajo y los Tribunales Internacionales. De hecho, CCOO ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea que coincide en señalar que la legislación española no garantiza los derechos de las personas trabajadoras y contradice las directivas europeas sobre tiempo de trabajo y salud a raíz de que el Tribunal Supremo Español interpretase que las empresas no estaban obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de su plantilla.
“Esperamos —ha sostenido el sindicato— que el Tribunal de Justicia de la UE tome en consideración estas observaciones y se pronuncie a favor de la obligatoriedad de que las empresas lleven un registro diario de la jornada. Mientras tanto, el sindicato seguirá hablando con los Grupos Parlamentarios para tratar de que se modifique la ley en este sentido, primer paso para demostrar la realización efectiva de horas extra sin remunerar”
El proceso de desmantelamiento de la red del sistema financiero español continúa y a nivel nacional ya se han perdido 18.342 oficinas, un 40,17% de la red que tenía el país en diciembre de 2008. Junto a ese proceso de cierre, se ha llevado a cabo un “durísimo proceso de reestructuración que ha provocado la salida del 30,79% de la plantilla, la disminución de la competencia por la concentración de entidades y la exclusión financiera de amplias capas de la población a consecuencia del cierre masivo de oficinas bancarias”.
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