Tras meses de lucha y con una posible solución al alcance de la mano, las 73 trabajabadoras de cinco escuelas infantiles externalizadas de Andalucía han recibido la noticia de que el próximo 1 de septiembre no volverán a sus centros. La Junta de Andalucía, que ha recuperado la gestión de estas escuelas, cree que no hay encaje jurídico para subrogar a las educadoras, ni para prorrogar el contrato de las mismas durante un año.
Las trabajadoras y Comisiones Obreras asumieron en las últimas semanas que habían logrado una moratoria de un año, a razón de ello desconvocaron una concentración prevista para el 23 de julio. Pero una semana después se ha confirmado que no tendrán ni subrogación, ni moratoria.
Algunas de las educadoras de estos centros infantiles llevan más de 20 años realizando su trabajo en la escuela y sus contratos expiran durante la semana. Algunos centros afectados como El Faro de Torrox, las escuelas Mediterráneo de Almería, Rocío Jurado de Chipiona, Atunara de La Línea de la Concepción y Andaluna de Sevilla, son públicos, pero su gestión fue externalizada durante el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía. Por ello, durante años, distintas empresas se han hecho cargo de la gestión, subrogando obligatoriamente a las trabajadoras.
La Junta de Andalucía decidió recuperar los centros, y ha negociado durante meses para encontrar una fórmula que permitiera a las trabajadoras mantener su puesto. Pese a ello, el gabinete de Javier Imbroda, consejero de Educación, ha comunicado la imposibilidad de encontrar un encaje para estas trabajadoras. Ellas han sido informadas de la resolución por el propio sindicato.
Según apuntan desde Comisiones Obreras, la Consejería de Educación concluyó que la moratoria no era posible porque implicaba prorrogar un contrato ya prorrogado, algo prohibido por la ley. Por su parte, la Consejería defiende que ha corregido una "situación irregular" que, asegura, ya había sido detectada en un informe de la Intervención fechado en 2016.
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