El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena a la Consejería de Educación andaluza a indemnizar con 20.000 euros a Lorenzo R.S., un joven cordobés de 25 años de edad que sufrió acoso escolar en el IES Gran Capitán (Córdoba), por no tomar las medidas pertinentes para evitar las agresiones, vejaciones e insultos que sufrió por parte de sus compañeros. Así lo ha adelantado El País, donde el joven recuerda que "fueron semanas muy, muy duras, no se las deseo a nadie”.
“El último día que estuve en el centro, me dieron una paliza entre no sé cuantos, me tiraron al suelo en un pasillo y empezaron a darme patadas en el costado”, relata en el medio nacional, 13 años después de sufrir bullying.
"Al principio lo intentaba ocultar, me sentía hasta culpable, pero un día mi madre me vio varios moretones por el cuerpo y se lo conté. Le pedí, incluso, que no dijera nada”, relata a El País. Su madre denunció la agresión al centro y cambió a su hijo de centro educativo. Entre una acción y otra, según señalan los magistrados en la sentencia, queda probada “una falta de diligencia y enérgica actuación —por parte del instituto— para evitar la evidente situación de acoso padecida por el menor”. Y ello, según el fallo, era una situación “conocida sobradamente” por la dirección del centro y el profesorado, que “en algunas ocasiones presenciaban los asaltos”.
A Lorenzo lo cambiaron de aula, "a una peor, donde había más abusones". La orientadora del centro le aconsejó que se defendiera y su tutora llegó a ofrecer "positivos" a aquellos alumnos que le trataran bien. “Hoy en día son medidas impensables”, cuenta Magdalena Entrenas, la abogada del joven cordobés, en El País. La sentencia también recoge cómo la dirección del IES Gran Capitán de Córdoba le dijo a su madre que, “pese a ser conscientes del problema, no eran capaces de resolverlo, pues se les había escapado de las manos el conflicto”.
Esta sentencia del TSJA llega después de que fueron condenados penalmente los tres principales agresores (dos chicos y una chica). Los primeros fueron sancionados con ocho fines de semana de internamiento en un centro de reforma y la chica, con 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. Y como responsabilidad civil, sus padres tuvieron que pagar 6.350 euros.
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