La familia denunciada esta semana en Sevilla por tener una "guardería ilegal" en El Pumarejo sería, en realidad, un turno entre padres y madres para poder cuidar a los hijos mientras estaban trabajando, como alternativa al cierre de centros educativos por el coronavirus, y como alternativa también a que sean los abuelos los que se hicieran cargo de los menores, por ser población de riesgo.
Así lo ha relatado una de las personas denunciadas a El País, a la que tanto Ayuntamiento como Policía Local acusaban de haber puesto en marcha una "actividad educativa ilegal" para la que "no tenían licencia", señalaban desde el Consistorio. Sin embargo, las familias han revelado que estudian, para empezar, acciones legales por la difusión de las imágenes en la operación policial. En estos hechos cursan, como poco, varias versiones contradictorias en su interpretación, aunque se entrevé un posible malentendido.
Todo surge cuando vecinos ven una afluencia de personas llegar a las casas con hijos y dejarlos allí durante unas horas. Se reúne al menos una decena, en principio, según ambas versiones. Dentro no hay "mascarillas, geles" y no se respeta la distancia de seguridad. La Policía Local incorpora a la denuncia el relato de una chica que trabaja en la vivienda sin contrato. Se identifica como cuidadora, pero la familia afectada por la denuncia directamente, la de la vivienda, dice que es una empleada del hogar.
Asimismo, no hay constancia, al menos por el momento, de pago a los encargados de la supuesta guardería ilegal por una prestación de servicios, lo que no encajaría entonces en una situación de negocio clandestino. Además, los afectados explican que en ningún momento se rebasó el límite de personas en una misma vivienda para la fase 2, en la que se encontraba Sevilla los citados días. Nunca más de 15 personas, entonces, entre adultos (tres) y menores.
La disyuntiva que surge es si, en realidad, no fue más que un acuerdo entre progenitores amigos que decidieron reunir a sus pequeños bajo un mismo lugar con el fin simplemente de que no fueran los abuelos los encargados, al estar estos más expuestos al coronavirus. El asunto tienen visos de acabar judicializado, por la denuncia de Policía Local, que debe continuar su tramitación, y por la respuesta legal de las familias, que indican no haber incumplido ningún precepto de la legislación del estado de alarma y que trataron de actuar con la mayor responsabilidad.