La OMC declara ilegales los aranceles de Estados Unidos a la aceituna española

Bruselas ha defendido a los productores españoles y dice que los aranceles que Estados Unidos aplica desde 2018 a las importaciones de aceitunas negras de mesa incumplen las normas de la institución multilateral

Las aceitunas que han quedado en los olivos, ya recogidos, de los Ferral.
Las aceitunas que han quedado en los olivos, ya recogidos, de los Ferral. MANU GARCÍA

La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha dictaminado este viernes que los aranceles que Estados Unidos aplica desde 2018 a las importaciones de aceitunas negras de mesa procedentes de España, impuestos bajo la administración de Donald Trump, incumplen las normas de la institución multilateral.

El grupo especial de la OMC que se ha pronunciado sobre el caso ha determinado, según ha informado la Comisión Europea en un comunicado, que Estados Unidos "no determinó correctamente si las subvenciones iban dirigidas a los productores de aceitunas" y consideró "incorrecto" al cálculo de la tasa de subvención para una de la empresas españolas afectadas.

Washington impuso desde agosto de 2018 impuestos a la entrada de aceitunas de mesa españolas unos aranceles que oscilan entre el 30 por ciento y el 44 por ciento en virtud de sus dos investigaciones 'antidumping' y 'antisubvenciones'. Bruselas, con competencias en materia de comercio en la UE, recurrió esta decisión ante el organismo con sede en Ginebra. En concreto, Bruselas alegó en nombre de toda la UE que estos aranceles son contrarios a determinadas disposiciones del GATT de 1994, del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo Antidumping.

El Ejecutivo comunitario defendía que las ayudas a los productores españoles de aceituna negra de mesa se enmarcan dentro de las ayudas desacopladas de la Política Agrícola Común (PAC), que están permitidas por la OMC por no depender de la producción. Bruselas, por tanto, además de defender a los productores españoles, acudió a la institución internacional para reivindicar indirectamente la legalidad del sistema de ayudas agrícolas de la UE.

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