Los familiares de David Rodríguez y Javier Marañón, los dos españoles en prisión provisional en Guinea Ecuatorial acusados de corrupción, han entregado este miércoles en el Ministerio de Asuntos Exteriores más de 61.000 firmas solicitando la intervención del Gobierno para garantizar su liberación. Según denuncian, los detenidos están viviendo un "infierno" en condiciones de reclusión que afectan incluso a su salud física.
Tras la entrega, los familiares y allegados de los detenidos se concentraron frente al Congreso y mantuvieron reuniones por separado con la diputada de Podemos Martina Velarde y con el representante de Sumar Enrique Santiago, según informó a EFE una de las hermanas de los arrestados.
David Rodríguez y Javier Marañón, ambos andaluces, fueron detenidos en enero de 2025 por su presunta implicación en una trama de fraude empresarial vinculada a la implantación de la televisión digital terrestre en Guinea Ecuatorial. El caso ha generado críticas sobre la protección de sus derechos humanos y la actuación diplomática española.
La oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada ya había solicitado en octubre al Gobierno una mayor implicación para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de los españoles detenidos. En un manifiesto, las familias han subrayado que España moviliza "medios, aviones, barcos, ministros para traer españoles de donde sea necesario", pero no perciben "ningún resultado" tras más de 14 meses de cautiverio.
Petición al Papa
El Parlamento Europeo también intervino en octubre, reclamando a las autoridades de Guinea Ecuatorial el levantamiento de la prisión preventiva y el respeto al derecho a un juicio justo, la atención médica adecuada y el acceso a asesoramiento jurídico. En respuesta, el país africano defendió su soberanía y la independencia de su poder judicial, señalando que "lamenta que en lugar de apoyar los esfuerzos legítimos de un Gobierno soberano para combatir la corrupción, algunas instituciones y personalidades europeas opten por cuestionar la independencia del poder judicial ecuatoguineano".
Frente a esta postura, los familiares insisten en las condiciones de "aislamiento" que sufren ambos detenidos y han reiterado que "están viviendo un infierno" y que "sus cuerpos se están deteriorando". Además, han enviado cientos de correos electrónicos a instituciones como la Presidencia del Gobierno, la Casa del Rey, el Defensor del Pueblo y el Vaticano, solicitando ayuda y presión diplomática para su liberación.