La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al empresario David Morales, gerente de la empresa española UC Global, con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, durante su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.
El juez Santiago Pedraz ha enviado a Morales a juicio por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Junto a él, también será juzgado Michel Wallemacq, responsable de operaciones de UC Global, por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Entre 2015 y 2018, UC Global se encargó de la seguridad de la embajada ecuatoriana en Londres, contratada por Ecuador debido a la delicada situación generada por el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de Wikileaks. Según el auto, los servicios de la empresa incluían vigilancia física constante y la gestión de cámaras de seguridad en las instalaciones.
El juez detalla que, en 2017, Morales ordenó la instalación de nuevas cámaras que registraban el audio de conversaciones “confidenciales” entre Assange, su equipo legal y familiares, así como con personalidades internacionales como los exmandatarios Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica, y el abogado Baltasar Garzón o el exvicepresidente español Pablo Iglesias.
Para los amigos de Estados Unidos
Durante la instalación de estos dispositivos, Morales exigió que se habilitara un sistema de acceso externo (streaming) para supervisar en tiempo real todo lo que ocurría dentro de la embajada, con la intención de crear "dos canales de streaming": uno oficial para Ecuador y otro destinado a "los amigos de Estados Unidos", según el juez.
Además, Pedraz considera acreditado que Morales realizó pagos periódicos y de gran cuantía a funcionarios ecuatorianos, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el objetivo de asegurar la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la embajada.
De confirmarse la acusación en juicio, se trataría de uno de los casos más relevantes de espionaje vinculado a la figura de Julian Assange y su protección diplomática, con implicaciones internacionales sobre el seguimiento de conversaciones de figuras políticas y líderes mundiales.