En el marco del conflicto que enfrenta a los taxistas con los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) y las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, el último recuento de autorizaciones para transporte de viajeros del Ministerio de Fomento refleja que a fecha de 3 de febrero de este año, Sevilla contabiliza 432 autorizaciones de vehículo de transporte concertado frente a 2.332 licencias de auto taxi, según un documento oficial del Ministerio recogido por Europa Press.
Teniendo en cuenta que al comenzar enero Sevilla contabilizaba 324 autorizaciones de VTC y 2.331 licencias de auto taxi, siempre según el recuento del Ministerio, la evolución mensual arroja 108 autorizaciones más de VTC y una licencia más de taxi.
A lo largo de 2019, en cualquier caso, crecieron tanto el número de licencias de VTC como las autorizaciones para vehículos auto taxi, pues el recuento del Ministerio de Fomento correspondiente al pasado mes de febrero de 2019, por ejemplo, reflejaba respecto a Sevilla 223 autorizaciones de vehículo de transporte concertado y 2.286 licencias de taxi.
El sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.
En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas, por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas, toda vez que fruto de estas pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi por supuestas coacciones y daños para acaparar la parada de taxis del aeropuerto.
En paralelo, a la hora de esclarecer cómo desarrollar en Andalucía el Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los VTC que operan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, los taxistas de Sevilla capital y el Consistorio hispalense han pedido a la Junta que ciña la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos.
La Junta, frente a estas demandas, ha emitido un proyecto de decreto por el que se modificaría el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo, planteando que los taxistas puedan ofrecer un precio cerrado para servicios previamente contratados a través de una aplicación digital, así como la contratación del servicio por plaza o "taxi compartido" o la obligación de que los vehículos auto taxi vayan provistos de un aparato lector de tarjetas de crédito.
En cuanto a los VTC, la Administración andaluza ha venido planteando la creación de estaciones para los mismos ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, para que tal servicio sea prestado desde estas ubicaciones.
La idea, según precisaba la Junta respecto a sus propuestas, es que los VTC estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios "salvo que tengan otro servicio precontratado", apostando por supervisar la actividad de los VTC mediante una página web de control andaluza que se nutra de la estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca.
Las asociaciones del sector del taxi, no obstante, reclaman insistentemente que los servicios de los VTC que operan para Uber o Cabify estén sujetos a un tiempo mínimo de precontratación antes de la realización del porte. Tal extremo, según indicaba a Europa Press Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, es el principal "caballo de batalla" de los taxistas.
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