El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, advirtió este lunes que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) se encuentra "en el límite de la inconstitucionalidad", señalando que algunos artículos "bordean la constitucionalidad". Oliva reclamó además financiación suficiente para implementar la norma, que incluye requisitos como la acreditación de un nivel B2 de idiomas, que según él requieren de un "programa muy potente de becas". Por su parte, el grupo parlamentario del PP recordó los informes jurídicos de la Junta y el aval del Consejo Consultivo a la ley.
Durante su intervención en la comisión parlamentaria sobre la LUPA, el rector de la Universidad Pablo de Olavide lamentó que el texto en trámite "difiere en aspectos sustantivos" del que fue analizado hace un año por los rectores y que recibió su visto bueno. Según Oliva, los rectores consideran que la nueva ley supone "una injerencia política" y cuestionan su legalidad, al entender que invade la autonomía universitaria recogida en la Constitución y vulnera artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Aclaró, sin embargo, que no pueden recurrirla judicialmente, aunque estiman importante expresar su posición.
Oliva expresó la preocupación de los rectores por la "flagrante restricción" a las universidades en materia de organización interna y contratación, señalando que la norma obliga a revisiones semestrales del personal sustituto. La AUPA considera esta medida una "injerencia injustificada", recordando que la legislación laboral corresponde exclusivamente al Estado.
Sobre las nuevas figuras que introduce la LUPA, Oliva indicó que algunas, como el profesor singular invitado, ya están contempladas en la LOSU y su inclusión "no añade nada especial". En cuanto al profesor emérito, criticó que la ley andaluza contradice la competencia de cada universidad para fijar los requisitos, calificando la medida de "error técnico de competencias".
Otras críticas
Otro punto crítico señalado por los rectores es que la oferta de plazas de profesorado deba ser aprobada por la Junta, cuando la LOSU establece que es competencia de las universidades. También cuestionaron la regulación de las becas de internacionalización, el elevado número de miembros del Consejo Social nombrados por la Junta y la adaptación de las universidades de nueva creación, que, según ellos, debería ser inmediata.
Respecto a la obligación de contar con un interventor externo en cada universidad, Oliva consideró innecesario el cambio respecto a la propuesta inicial, que era facultativa. Argumentó que las universidades ya son fiscalizadas anualmente por la Cámara de Cuentas y que la medida solo generará más burocracia. En defensa de la figura del interventor, el parlamentario del PP José Carlos García señaló que cuenta con el aval de los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo y que su función refuerza la supervisión, citando como ejemplo la Universidad de Málaga.
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía defeiende que la LUPA "actualiza el sistema universitario con una Ley moderna, útil y pensada para los próximos 15 años", promoviendo autonomía, calidad y proyección internacional. Además, según la Consejería, la ley consagra el modelo de financiación 2023-2027 acordado con las universidades públicas, que prevé alcanzar el 1% del PIB andaluz para la universidad pública y permite planificar inversiones con remanentes no afectados, atendiendo así a demandas históricas del sistema universitario andaluz.