El PSOE andaluz ha exigido este miércoles la suspensión inmediata del convenio firmado por la Junta con Google, la apertura de una investigación para conocer el alcance real del acuerdo y la asunción de responsabilidades políticas. En rueda de prensa, la portavoz adjunta socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado que la Consejería de Desarrollo Educativo haya intentado “despachar” el asunto asegurando que todo está bajo control. “Si esto fuera así, no tendrían seis infracciones por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”, ha señalado Férriz. Para el PSOE, no se trata de un asunto “para tomárselo a broma” ni puede justificarse como una simple “anomalía administrativa”, tal y como sostiene la Junta. En su opinión, estamos ante una “decisión política” que requiere “explicaciones inmediatamente”.
La dirigente socialista también ha cargado contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, al que acusa de incoherencia. Hace apenas unos días pidió mayor control sobre el acceso de los menores a las redes sociales. Sin embargo, según Férriz, su Gobierno “ha vendido sus datos hace cinco años a Google”, en lo que califica como una decisión “irresponsable”. Desde la Consejería de Desarrollo Educativo niegan rotundamente que se hayan cedido datos del alumnado o del profesorado a la multinacional tecnológica. Aseguran que “no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía” y precisan que las cuentas creadas lo fueron de forma anónima. Además, sostienen que Google “nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido usar los datos para fines comerciales”.
"No nos trate como tontos"
Pero la presión política no se detiene. El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha advertido de que la Junta podría enfrentarse a una multa de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o el Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de Datos. Y lo hace evocando un precedente: el caso del Gobierno de Canarias. “No nos trate como tontos”, ha reclamado, anunciando que su grupo exigirá explicaciones en sede parlamentaria. Por Andalucía recuerda además las sanciones impuestas por la Unión Europea a Google por abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas, que sumaron 8.257 millones de euros en tres multas entre 2017 y 2019. Un contexto que, a su juicio, obliga a extremar la cautela. Uno de los representantes de Podemos Andalucía dentro de este grupo parlamentario ha planteado si en la Administración andaluza nadie solicitó revisar la protección de datos de los usuarios de la plataforma educativa. Ha recordado, además, que tanto la Agencia Española de Protección de Datos como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía advirtieron de que “esto era lesivo”, según adelantó el diario El País.
José Manuel Gómez Jurado, de Podemos, ha cargado contra “las grandes tecnológicas de Silicon Valley”, a las que ha descrito “atacando a los ciudadanos de países democráticos”. Ha hablado incluso de “un tecnofacismo” que fomenta “el control de parte de nuestra vida digital” y ha vinculado esta situación con la privatización de espacios comunes como el antiguo internet. Según el diputado, el uso de la plataforma abre la puerta a que Google pueda ofrecer a otras empresas la posibilidad de prestar “servicios personalizados” a los usuarios, lo que implicaría “hurgar en los contenidos de las personas que busquen dentro de sus buscadores”. “Tienen monitorizados a nuestros jóvenes”, ha advertido, alertando de “la completa indefensión” de los escolares andaluces.
En su intervención, ha llegado a dibujar escenarios inquietantes. Por ejemplo, la subida de fotografías a Google Drive. Si un usuario “quiere borrar esas fotos puede ser que estén vendidas en Bangladesh”, ha planteado, insistiendo en que “no sabemos dónde terminan las fotos de nuestros jóvenes” y en que “esas multinacionales se dedican a la compraventa de datos”.
Una reforma "de tapadillo"
Por su parte, desde Adelante Andalucía han pedido este miércoles “explicaciones” a la Junta por haber “vulnerado la protección de datos de más de 700.000 alumnos y de más de 43.000 docentes de más de 2.600 centros educativos” andaluces con el contrato firmado por la Consejería de Desarrollo Educativo con Google, una empresa que, según han recalcado, “no es una ONG” ni “hace las cosas gratis”. El portavoz de la formación, José Ignacio García, ha advertido en rueda de prensa en el Parlamento de que el convenio para disponer de la plataforma educativa virtual ‘Workplace for Education’ se cerró “a cambio de la cesión de sus datos”.
García ha sido contundente: “Si Google te da un servicio gratis para alojar los datos de 700.000 alumnos, es que en realidad tú estás pagando con los datos de 700.000 alumnos”, porque la multinacional “no es una ONG” y “no da las cosas gratis”, además de que “no le quiere hacer un favor” a la administración autonómica. En esa línea, ha lamentado que se hayan “regalado” a Google “los datos muy sensibles” de cientos de miles de estudiantes y miles de profesores, y ha reclamado “coherencia” al Ejecutivo andaluz si asegura estar “preocupado" por cómo "nuestros alumnos están en las redes sociales, en las plataformas digitales, en el entorno digital”. “¿Cómo puede ser” que la Junta entregue esos “datos a una multinacional” si está “preocupada por la salud digital de nuestros niños?”, se ha preguntado.
Además, José Ignacio García ha cargado contra una enmienda que el Grupo Popular ha introducido “de tapadillo” en una disposición final del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía para “modificar la Ley de Transparencia” autonómica. Según ha denunciado, con esa modificación “van a eliminar todas las sanciones” que podrían imponerse “en el futuro” a los altos cargos por incumplir la normativa en materia de transparencia e incompatibilidades. Con la ley actual, ha recordado, se podía imponer “una sanción de hasta 400.000 euros”, pero con la enmienda “se cargan todo el régimen sancionador”, de modo que cuando entre en vigor la nueva norma “incumplir” saldrá “gratis”. A su juicio, el PP-A ha introducido esa medida “con calzador, sin que nadie se dé cuenta”, porque “algo tienen que esconder” con esta “bomba” destinada a “cargarse los poquitos mecanismos que hay para sancionar a los altos cargos de la Junta que se salten la ley”.