En pleno examen las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), un alumno con discapacidad auditiva se ha visto forzado a retirar sus audífonos para poder continuar la prueba. Así lo ha denunciado la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), que ha calificado lo ocurrido como una "flagrante vulneración de derechos". La organización ha decidido no revelar la procedencia del alumno con el objetivo de proteger su privacidad.
Según la entidad, este tipo de dispositivos no pueden considerarse accesorios, sino que son “imprescindibles para que estas personas puedan hacer funcional su capacidad de oír”. Se trata de prótesis prescritas por especialistas médicos que permiten a las personas con sordera mantener una participación plena en entornos educativos y sociales. Por ello, han advertido de que lo sucedido representa una forma de discriminación institucional.
"Señalado y estigmatizado frente al resto del alumnado"
Desde Fiapas han subrayado que privar a una persona de su ayuda auditiva en un contexto tan exigente como un examen oficial “es tan inaceptable como exigir a una persona usuaria de silla de ruedas que prescinda de ella durante la prueba”. Además de lo académico, han resaltado el daño emocional que puede suponer verse obligado a prescindir de un recurso necesario “frente al resto del alumnado, siendo señalado y estigmatizado”.
La confederación ha expresado su incredulidad ante el hecho de que todavía puedan darse situaciones como esta. “Resulta inconcebible que se obligue a alguien con sordera a prescindir de un sentido corporal que habitualmente utiliza gracias a su prótesis”, han manifestado. Una decisión así no solo merma la capacidad de comprensión durante el examen, sino que también impide que el estudiante pueda acceder a indicaciones importantes o gestionar posibles incidencias durante la prueba.
"El derecho a la educación no puede seguir siendo vulnerado"
Fiapas insiste en que estos hechos deben llevar a una reflexión urgente en el ámbito educativo. Ha pedido a las administraciones y universidades que albergan las pruebas de acceso que emitan “las instrucciones necesarias” para garantizar que ninguna persona con discapacidad vea limitado su derecho a la educación en igualdad de condiciones. “El derecho a la educación no puede seguir siendo vulnerado”, concluyen.
La confederación ha reiterado que este tipo de incidentes no solo afectan al rendimiento académico del estudiante, sino también a su dignidad, autonomía y bienestar psicológico.