Lo que debía ser una jornada formativa tranquila en el Centro del Profesorado (CEP) de Sevilla ha desencadenado un terremoto político y profesional que aún sacude los pasillos de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. La indignación del cuerpo de inspectores no es menor: se sienten “públicamente ninguneados” por la propia administración para la que trabajan. Y la tensión contenida ha llegado ya al entorno del presidente Juanma Moreno.
El pasado 26 de junio, el CEP de la capital hispalense acogía una sesión del Servicio Provincial de Inspección en la que se programó una ponencia del que fuera Inspector General de Andalucía durante 17 años, Joaquín Oliver sobre el “Nacimiento y desarrollo de la inspección en Andalucía”. La propuesta partía del propio servicio de inspección. Tras la intervención académica, tuvo lugar una mesa redonda con un público muy concreto: los inspectores sevillanos.
En la mesa participaron varios altos cargos, entre ellos el director general de Ordenación y Evaluación Educativa, Manuel Jesús Sánchez Hermosilla, y la inspectora general de Andalucía, Manuela Robles Chacón. Lo que se dijo allí aún resuena en los oídos de los asistentes.
"Sois unos melones": la consejera arranca con mal pie
Aunque muchos reconocen que su tono fue distendido, algunas de las palabras de María del Carmen Castillo Mena para inaugurar la ponencia no sentaron nada bien. Al abordar el papel de los inspectores en las Pruebas de Diagnóstico —una batería de evaluaciones aplicadas en todos los centros andaluces en el tercer trimestre—, Castillo Mena afirmó: “Habéis perdido una oportunidad de ser partícipes”. Y añadió, entre risas: “Sois unos melones”.
Varios asistentes interpretaron la frase como una broma mal encajada en un foro profesional. No llegó a más. Pero la tensión se intensificó cuando, ya en la mesa redonda posterior y sin la consejera presente, tomó la palabra Manuel Jesús Sánchez Hermosilla. El director general, natural de Sanlúcar de Barrameda, lanzó una frase que terminó de romper el ambiente: “No habéis estado a la altura de las circunstancias”.
La acusación directa se refería a la negativa de los inspectores a encargarse de la entrega física de las pruebas en los centros educativos, algo que —según confirmaron fuentes presentes— fue una petición expresa de la Consejería. “Nos querían convertir en repartidores de exámenes, cuando cada inspector tiene a su cargo más de 20 centros. No es serio”, explica uno de los asistentes.
Uno de los inspectores presentes alzó la voz con claridad: “La Inspección Educativa no es una empresa logística.”. El murmullo posterior fue de solidaridad contenida. Según ha podido confirmar lavozdelsur.es, el malestar era absoluto. “Una falta de respeto y una indignidad a la función de los inspectores, que es la de ayudar a los centros en la tarea educativa”, resume otra fuente.
Para cerrar el desafortunado momento, la inspectora general Manuela Robles Chacón, lejos de calmar el ambiente, se alineó completamente con Sánchez Hermosilla: “Suscribo todas y cada una de las palabras del director general”. Silencio en la sala. El jefe del Servicio Provincial de Inspección en Sevilla, Manuel del Pozo, no pronunció palabra.
¿La gota que colma el vaso?
Lo vivido en el CEP de Sevilla fue solo la confirmación de una sensación que, desde hace tiempo, recorre los pasillos del cuerpo inspector en esta provincia. “Notamos cierta opinión negativa de los responsables políticos hacia los inspectores de Sevilla, y no sabemos muy bien el porqué”, explica otra fuente. “Llevamos meses percibiendo esta sensación y esto no puede permitirse de un cargo político”. Hay muchos que piden ya la dimisión de Sánchez Hermosilla.
El hecho de que los inspectores rechazaran hacer de transportistas para la administración fue, al parecer, interpretado como un acto de insubordinación. Pero el fondo del conflicto es mucho más profundo: una falta de respeto hacia una figura clave del sistema educativo andaluz: “Nuestro trabajo es evaluar, orientar, acompañar. No se puede convertir la Inspección en un cuerpo de reparto. No somos un servicio de mensajería, con todos los respetos a este colectivo”, resume otro de los presentes.
Se espera que ADIDE y el sindicato USIE publiquen sendos comunicados oficiales condenando lo ocurrido. La sensación es unánime entre los profesionales consultados: “no se trata de un malentendido aislado, es un desprecio estructural al cuerpo”.
Una disculpa que no calma los ánimos
El 3 de julio, apenas una semana después del incidente, Manuel Jesús Sánchez Hermosilla remitía una carta de disculpas al jefe del Servicio Provincial de Inspección Educativa en Sevilla. En ella, reconoce que sus palabras “no estuvieron a la altura” y que, si bien su intención era “animar a la reflexión”, no eligió el tono ni el contexto adecuados. También muestra su respeto al trabajo de los inspectores y reconoce el papel de los sindicatos.
Sin embargo, las disculpas no han sido suficientes. El gesto se ha interpretado como una respuesta institucional obligada, no como una rectificación sincera. “No puedes lanzar ese tipo de afirmaciones en público y luego arreglarlo con una carta genérica”, afirma uno de los inspectores asistentes al acto. “Aquí lo que se ha perdido es el respeto, no el protocolo”.
Otro frente para Juanma Moreno
La situación generada en los últimos días ha causado inquietud en el ámbito educativo, sin que hasta el momento se haya ofrecido una respuesta pública clara por parte de la administración. La Consejería de Desarrollo Educativo, que ya ha tenido al frente a dos consejeras (Patricia del Pozo y María del Carmen Castillo), ve así cómo se añade una nueva dificultad.
Actualmente, se sigue lidiando la polémica surgida en torno a las oposiciones docentes, celebradas el pasado mes de junio y que aún siguen en marcha. Solo el 49,6% de los 37.758 aspirantes ha superado la primera prueba (examen teórico y supuesto práctico), lo que ha encendido las críticas de opositores, academias y parte del profesorado por la dureza y falta de claridad en el proceso selectivo.
“La Consejería no puede permitirse más incendios”, comentan fuentes consultadas por este medio. Aunque por ahora no se han producido ceses, el mensaje interno es claro: no se tolerarán más episodios de descrédito público hacia los funcionarios del sistema.
La versión de la Consejería
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha salido al paso de las declaraciones de Sánchez Hermosilla, quien también es inspector de Educación. Desde Torretriana aclaran que el sanluqueño “en ningún momento, como expone en su carta de disculpa, tuvo intención de restar valor a la función de la inspección”, sino “todo lo contrario”.
Según subraya la Consejería, sus palabras se produjeron “en el contexto de unas jornadas profesionales” y deben entenderse como parte de “una exposición de reflexiones entre compañeros”. En ese marco, el director general quiso destacar “la oportunidad que tienen”, por su formación y experiencia, de “profundizar más en la evaluación del sistema educativo”, aclara el departamento que dirige Castillo Mena.
“La intención fue poner en valor las posibilidades que sus competencias profesionales ofrecen para ir más allá, si cabe, tanto en la labor de asesoramiento a los centros educativos como en la de evaluación del sistema”, explican. Todo ello, recalcan, “en beneficio de la educación en Andalucía”.
"No somos el problema. Somos parte de la solución"
La Inspección Educativa, a menudo invisible para la opinión pública, es un pilar esencial del sistema. Su función no es política; es pedagógica: asegurar que la educación se desarrolla con calidad, equidad y conforme a la normativa. Es el engranaje silencioso que vela por el equilibrio en los centros y el buen hacer docente. Desde dentro del cuerpo lo tienen claro: “Pedimos respeto. No por orgullo, sino porque sin nosotros, el sistema cojea. No somos el problema. Somos parte de la solución”.
El conflicto de Sevilla no es anecdótico. Es una señal de alerta sobre la desconexión creciente entre la administración educativa y quienes velan, día a día, por el cumplimiento de su misión más noble: mejorar la enseñanza ante un sistema cada vez más burócrata y menos alejado de la tarea docente. Ahora, la pelota está en el tejado político. ¿Reparará la Junta esta fractura?