La historia de una persona con una discapacidad, sea del tipo que sea, es una guerra por mejorar la calidad de vida. En eso se engloba la autonomía personal. Y dentro de ello, el asunto laboral. Por eso, no es menor que sea cada vez más importante igualar el acceso al empleo público. Varios procesos en Andalucía en las últimas semanas han evidenciado algo: muchas de esas plazas reservadas para discapacidad acaban desiertas. Por las dificultades intrínsecas de cualquier proceso selectivo, pero quizás, también, porque algo no se está haciendo bien.
Francisco se presentó a las oposiciones docentes. En su caso, por una discapacidad surgida tras tener covid. Tiene un trastorno cognitivo amnésico y cierta sordera, si bien no tanta como para portar audífono. "He tardado 28 meses en que reconocieran mi discapacidad", explica desde Granada, toda vez que Andalucía es la comunidad donde más se tarda en realizar el proceso. Más de dos años que culminaron el pasado mes de febrero.
En su caso, como maestro, logró en tiempo y forma -por poco- que se le reconociera como parte de ese turno de discapacidad, pero no las adaptaciones curriculares, es decir, aquello que hace diferente su examen. "La junta de valoración me dio el informe después del plazo en que acababa la inscripción".
Explica que no ha obtenido plazo por la misma criba por la que no han logrado pasar el primer examen muchos otros, las faltas de ortografía. "Por no poner una tilde en una palabra que has puesto bien 20 veces no eres peor maestro". Durante su examen, el mismo día, comprobó cómo en el tribunal se daban situaciones complicadas con personas con discapacidad. Hay casos muy claros, como reprochar a quien lleva audífono que se lo debe quitar, porque quizás el tribunal considera que pudiera ser un pinganillo. La cuestión es que internamente, denuncian los aspirantes, no existía agilidad para que esos miembros del tribunal que vigilaban y conducían los exámenes supieran verdaderamente cuál era la situación de cada uno.
Una adaptación curricular habitual puede ser tener guías en el folio: en lugar del folio blanco, que tenga rayas -o una hoja con rayas para entreverlas a través del papel del examen-. "Una compañera pudo examinarse con guías porque la de al lado le pudo prestar una, pero en realidad era el tribunal el que tenía que dársela". En su caso, aquello alargó varios minutos el inicio del examen.
"No hay un catálogo de adaptaciones"
Para defenderse ante las necesidades de este tipo de aspirantes, existe un colectivo que es la Asociación Docentes con Discapacidad Andaluces (ADDA). Adrián, desde Málaga, explica que se formó en 2917, a raíz de la aprobación de la ley de discapacidad de Andalucía. Luchan no solo por la reserva de plazas en oposiciones, sino también para las bolsas de trabajo temporal. En su caso, tiene una discapacidad auditiva y lleva audífonos y a él mismo le dijo el tribunal que se los quitara para examinarse, a pesar de tener concedida esa adaptación. Así lo hizo. Acabó sacando la plaza, en cualquier caso, si bien con la desventaja de quedar aislado ante cualquier instrucción que pudiera dar el tribunal, y con el lógico malestar que en un momento tan sensible pudiera generarle. "Las cosas van mejorando y hay voluntad de la Junta por hacerlo mejor".
Otras adaptaciones son, quizás, acudir al examen con una silla ergonómica, o escribir en ordenador en lugar de en un folio. "No hay un catálogo, un inventario" de esas adaptaciones. Parece que se ha logrado un avance a nivel estatal para que sirva de pauta. "Eso es una reivindicación año tras año". Baste plantearse para entender las dificultades el mero hecho de que hay provincias donde sí se constituyen tribunales específicos para personas con discapacidad, dependiendo también de la especialidad, y en otros no.
La siguiente parte de un proceso selectivo está en el rechazo del resto de aspirantes. Que la administración ponga facilidades para adaptarlo genera inquietudes cuando todos pelean por tener plazas, más aún porque las que no se cubren de discapacidad no quedan desiertas sino que amplían el cupo general. "En mi puesto de trabajo no puedo hablar de rechazo", dice quien es docente desde hace más de un lustro, "pero sé que otros sí".
"Hay avances"
La batalla se lleva a cabo en muchos ámbitos. Antonio López, vicepresidente del Consejo Español de Discapacidad y Dependencia, además de presidente de Enach (Asociación de Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación Cerebral de Hierro) ,señala que por lo general existe "mucha sensibilidad" en los tribunales. Habla también del proceso selectivo para personas con discapacidad intelectual. "Es más complicado". En Andalucía "somos bastante vanguardistas" en esos avances porque hay "predisposición de las administraciones". Eso implica exámenes en los que por ejemplo no sea tan largo, que no sean cuatro posibles respuestas en un test o largos desarrollos de temas. "Queda mucho por hacer, en el último examen del SAS para auxiliar administrativo hemos ido a peor".
Porque en el mismo examen de 2023 se pusieron preguntas entendibles, cortas, mientras que en el de 2025 se ha enrevesado. "Somos bastante activos para corregir este tipo de situaciones". Por eso, son comunes las reuniones para transmitir los nuevos caminos a trazar. Y se logran avances, insisten.
Una persona que ha estado en procesos selectivos andaluces, inmerso en las últimas semanas en ellos y que prefiere no dar su nombre, ha recopilado que apenas se han cubierto la mitad de plazas del turno de discapacidad en cuerpos superiores. Pero también que se produce una discriminación indirecta cuando los procesos selectivos no se ajustan de forma razonable, en la línea de lo que López describe del examen para el SAS. O que en el Instituto Andaluz de la Mujer no hay ofertas de discapacidad. Tampoco se adapta la promoción interna en muchos cuerpos. Pero pone sobre la mesa otro asunto clave.
Y es que para opositar se necesita, sobre todo, tiempo. Para estudiar, para prepararse. También dinero. A menudo, a la vez que ya se está de interino o en un empleo que otorgue puntos. "El ascensor social de las personas con discapacidad lo tenemos estropeado", porque esas barreras de la vida que van más allá de si el examen es de una manera o de otra es mucho más complicado cuando se habla de discapacidad. En la práctica, al final, quien entra en la administración, lo hace "en los cuerpos más bajos".
"La normativa no se cumple"
La Asociación Colibrí, en Sevilla, con la que también colabora Antonio López, ofrece cursos de inserción laboral, talleres y hasta formación específica para las propias oposiciones. Un colectivo fundado por familias de personas con discapacidad intelectual que lucha por reducir esas desigualdades. Un trabajo que también ha compartido el Parlamento andaluz, que por iniciativa de Por Andalucía, y especialmente con la diputada dentro de este grupo por Sumar Esperanza Gómez, ha llegado al Congreso. El objetivo general, que las pruebas de acceso a lo público tengan dentro de sí un mayor componente práctico en lugar de teórico para las personas con discapacidad intelectual.
"En ninguno de los procesos en Andalucía se cumple la normativa actual", dice Gómez. "Es una falta de compromiso". Porque "tenemos mejores cupos, pero finalmente no se cumplen. He encontrado casos donde los exámenes del cupo de discapacidad eran más difíciles. Se ponen trabas para que al final no accedan al puesto. Es muy crudo, pero es así". Tampoco vale "poner el examen un poco más fácil", sino que a fin de cuentas esté "adaptado". Y el objetivo de la norma que se impulsa desde Andalucía para que sea aprobada a nivel estatal o que pide es romper con esas trabas. "La administración debe ser la primera en adaptar los cambios sociales".
Es la siguiente reflexión: si la propia administración quiere que las empresas privadas contraten a personas con discapacidad, ¿por qué no abre verdaderamente las puertas?