Hace un par de días, Rafael García Porras, secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía, publicaba un artículo de opinión reclamando a la Consejería de Educación que la Junta de Andalucía accediera a la concertación de los estudios de bachillerato con los centros privados. Una petición que ha indignado a Marea Verde de la provincia de Cádiz, que ha querido expresar su malestar a través de un comunicado.
"Efectivamente, lo que la Constitución española recoge en su artículo 27 es el Derecho a la Educación. Un reflejo del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un derecho que ejercen los menores y el Estado tiene el deber de garantizar. Mientras que las familias ejercen el derecho de guiar al niño en el ejercicio de su libertad de conciencia religiosa y moral, pero algo que debe hacer siempre en el resguardo del interés superior del niño y la niña. Pero quedando claro que ningún grupo familiar puede imponer la ignorancia de sus hijas e hijos sobre contenidos acordados internacionalmente que forman parte del derecho del sujeto a recibir acciones educativas que favorezcan su formación integral", señalan desde el referido movimiento en defensa de la educación pública.
El mencionado artículo de la Constitución española también recoge la libertad para fundar centros privados de educación. Marea Verde de la provincia de Cádiz entiende que "frente a lecturas sesgadas e interesadas de este texto o de las sentencias de los tribunales, hay que recordar que, en modo alguno, ni en la Constitución ni en el Derecho comparado, se contempla la posibilidad de que se deban destinar ayudas públicas a quien elija un centro privado, ni que estos deban ser financiados con fondos públicos. (‘Los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales’ sic, Tribunal Constitucional [Sentencia 86/1985, 10 julio, Sala Segunda])".
"Desde nuestro punto de vista –añaden desde Marea Verde, la actuación de una Consejería de educación debe orientarse a la solución de los problemas que aquejan al sistema educativo y que son de su competencia. Y entre estos problemas se encuentra la marcada segregación escolar, en la que tanto expertos como las evaluaciones internacionales (PISA) coinciden en señalar como uno de los problemas más graves de la educación andaluza. Porque el señor García Porras olvida que el modelo concertado es la base de la segregación escolar más consolidada y duradera que se mantiene en este país; segregación por clase social, por ideología religiosa o por recursos económicos. Recordamos un dato muy conocido: El 82% del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas, está escolarizado en la escuela pública".
Marea Verde de la provincia de Cádiz considera que "una adecuada lucha contra la segregación escolar empieza por garantizar una red pública única que no discrimine a nadie. Porque es esta red pública (y no las escuelas católicas que representa el señor García Porras) la que está en auténtica situación de vulnerabilidad, puesto que su financiación se ha recortado en los últimos 10 años, mientras ha subido un 25% la financiación pública de la educación concertada".
, es recordar que el sistema de conciertos educativos se planteó como una medida transitoria, como complemento a una red pública, dada la insuficiencia de centros públicos a principios de los años 80, cuando el derecho a la Educación se hizo universal. Sin embargo, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública hace que mantener esas unidades escolares en centros concertados sea injustificable, salvo por razones ideológicas o intereses económicos no reconocidos públicamente. A nuestro juicio, la existencia de conciertos, el mantenimiento de esa doble red, lleva al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social, ya que introduce lógicas de competición, de gestión privada y comerciales en un derecho social y en un servicio público como es la educación pública", concluyen.
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