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El Tribunal de Instancia de Cádiz tiene previsto tomar declaración este miércoles 16 de septiembre a las partes implicadas en un presunto delito de falsedad documental relacionado con un concurso público de profesorado de la Universidad de Cádiz (UCA), tras la querella interpuesta por una participante que se siente perjudicada.
La convocatoria sacaba a concurso plazas de profesor. Una de ellas fue a parar a la querellante, que unos meses después fue la adjudicataria del puesto, llegando incluso a firmar el contrato.
Pero otros participantes en el proceso interpusieron varios recursos de alzada contra la baremación inicial. Así que una nueva comisión de contratación, compuesta por otros integrantes, emitió dos años después un nuevo informe, dejando sin plaza a la querellante, y otorgándosela a otro de los aspirantes.
La querellante sostiene que este cambio en la baremación se debió a la aportación del investigado de documentación acreditativa de méritos por estancias en una universidad extranjera, cuya autenticidad cuestiona.
- Un edificio de la Universidad de Cádiz.
- -
- MANU GARCÍA
Según el escrito de la querella, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, con el recurso de alzada se incorporaron documentos que no figuraban en la solicitud inicial. La querellante sostiene que esos documentos fueron modificados después de ser firmados, basándose en el análisis de sus metadatos y en un informe pericial informático que ella misma aporta al procedimiento.
Una causa en fase de instrucción
La Universidad de Cádiz remitió a instancia judicial el expediente administrativo del concurso, que ha sido objeto de análisis por ambas partes en el procedimiento.
En su escrito de alegaciones, la representación de la querellante ha planteado que los hechos podrían implicar a personal de administración y servicios de la UCA que habrían intervenido en la incorporación de documentación. Por ello, ha solicitado la declaración testifical de varios responsables y empleados de la universidad.
Es una causa en fase de instrucción, por lo que serán las declaraciones previstas esta semana, junto con las diligencias adicionales solicitadas —entre ellas, una comprobación por parte de la Policía Científica sobre la autenticidad de los documentos—, las que determinen si el procedimiento continúa su curso o acaba en sobreseimiento.
La versión de la UCA
La Universidad de Cádiz, consultada por lavozdelsur.es, sostiene que no es parte en este procedimiento judicial, por lo que su papel se limita a colaborar con el órgano judicial en todo aquello que le sea requerido.
Señalan desde la UCA que “corresponde exclusivamente al tribunal determinar las circunstancias del caso y, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse”.
El Tribunal de Instancia de Cádiz tiene previsto tomar declaración este miércoles 16 de septiembre a las partes implicadas en un presunto delito de falsedad documental relacionado con un concurso público de profesorado de la Universidad de Cádiz (UCA), tras la querella interpuesta por una participante que se siente perjudicada.
La convocatoria sacaba a concurso plazas de profesor. Una de ellas fue a parar a la querellante, que unos meses después fue la adjudicataria del puesto, llegando incluso a firmar el contrato.
Pero otros participantes en el proceso interpusieron varios recursos de alzada contra la baremación inicial. Así que una nueva comisión de contratación, compuesta por otros integrantes, emitió dos años después un nuevo informe, dejando sin plaza a la querellante, y otorgándosela a otro de los aspirantes.
La querellante sostiene que este cambio en la baremación se debió a la aportación del investigado de documentación acreditativa de méritos por estancias en una universidad extranjera, cuya autenticidad cuestiona.
- Un edificio de la Universidad de Cádiz.
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- MANU GARCÍA
Según el escrito de la querella, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, con el recurso de alzada se incorporaron documentos que no figuraban en la solicitud inicial. La querellante sostiene que esos documentos fueron modificados después de ser firmados, basándose en el análisis de sus metadatos y en un informe pericial informático que ella misma aporta al procedimiento.
Una causa en fase de instrucción
La Universidad de Cádiz remitió a instancia judicial el expediente administrativo del concurso, que ha sido objeto de análisis por ambas partes en el procedimiento.
En su escrito de alegaciones, la representación de la querellante ha planteado que los hechos podrían implicar a personal de administración y servicios de la UCA que habrían intervenido en la incorporación de documentación. Por ello, ha solicitado la declaración testifical de varios responsables y empleados de la universidad.
Es una causa en fase de instrucción, por lo que serán las declaraciones previstas esta semana, junto con las diligencias adicionales solicitadas —entre ellas, una comprobación por parte de la Policía Científica sobre la autenticidad de los documentos—, las que determinen si el procedimiento continúa su curso o acaba en sobreseimiento.
La versión de la UCA
La Universidad de Cádiz, consultada por lavozdelsur.es, sostiene que no es parte en este procedimiento judicial, por lo que su papel se limita a colaborar con el órgano judicial en todo aquello que le sea requerido.
Señalan desde la UCA que “corresponde exclusivamente al tribunal determinar las circunstancias del caso y, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse”.
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