Junta vs. rectores: las universidades públicas insisten en que se ahogan sin financiación suficiente

"Tenemos claro que ha llegado el momento de cumplir o cumplir y, si no es así, como es lógico, las universidades de Andalucía defenderemos, a través de las acciones legales que correspondan, el cumplimiento íntegro del modelo de financiación"

Francisco Oliva y Juanma Moreno, en una imagen en el pasado.
19 de diciembre de 2025 a las 18:00h

El pulso por la financiación de las universidades vuelve a encontrarse en un nuevo capítulo. Este jueves, los rectores y la comunidad universitaria denunciaron un modelo “incumplido sistemáticamente” desde su aprobación hace dos años. Por el otro, el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, respondió defendiendo que el presupuesto de 2025 cubre “el 99,2 %” de lo que reclamaban y llamó a rebajar la tensión ante un “clima de crispación y polarización”.

El comunicado conjunto de las universidades fue directo: exigieron al Gobierno andaluz que cumpla sus “obligaciones y compromisos financieros” y advirtieron de que no descartan acciones legales si persisten los incumplimientos. Según la comunidad universitaria, ni en 2024 ni en 2025 se habría respetado la cláusula de salvaguarda del modelo, que obliga a garantizar el 100 % de la financiación del año anterior e incrementarla con la subida de retribuciones del personal público. “Entre otros conceptos, este año se nos adeuda el 0,5 % de la subida salarial del 2024”. El rector de la Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Francisco Oliva, denuncaba este jueves que sigue pendiente la actualización del Capítulo II, que abrió la conforntación el pasado 2024. También dicen los rectores que, en el segundo reparto de 2025, más de 37 millones destinados a conceptos retributivos se transfrieron como proyectos estratégicos no consolidables, cuando —recuerdan— el pago de retribuciones debe ser consolidable. "Tenemos claro que ha llegado el momento de cumplir o cumplir y, si no es así, como es lógico, las universidades de Andalucía defenderemos, a través de las acciones legales que correspondan, el cumplimiento íntegro del modelo de financiación".

"Ha habido una orden de reparto presupuestario del año 2025 en el cual, en primer lugar, una promesa que hizo el presidente de la Junta de Andalucía de pagar 16 millones de euros a las universidades en conceptos de digitalización y sostenibilidad no se ha hecho. En segundo lugar, la llamada cláusula de salvaguarda que garantiza el mínimo de lo recibido el año anterior, más todos los incrementos retributivos, no se cumple tampoco en el sistema andaluz", resumía Oliva. "Aparece una financiación de nivelación claramente insuficiente para cumplir con la finalidad, precisamente, que tiene esa cláusula".

Fondos autorizados 'in extremis'

Las universidades públicas dicen que la situación se agrava por la negativa al abono íntegro de los acuerdos suscritos en Sevilla y Jaén para nuevos complementos retributivos, y afearon que se les haya transferido un importe “claramente insuficiente”, sin incluir los costes de cotizaciones sociales: “Una merma más en nuestras arcas, ya de por sí tensionadas por una infrafinanciación crónica”. Además, denunciaron la autorización “in extremis” del gasto de 20 millones procedentes de remanentes no afectados, que en 2024 llegó en diciembre y que “a pocos días de finalizar 2025” aún no habría llegado, haciendo “prácticamente imposible o muy arriesgado” su uso.

Frente a esa batería de reproches, Villamandos asegura que los 1.775,48 millones del modelo de financiación para 2025 cubren el 99,2 % de lo pedido por los rectores antes del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrado el martes, donde el reparto obtuvo informe favorable. El 0,8 % restante, dijo, se emplazó a una negociación en 2026 dentro de un acuerdo que “se vio interrumpido por causas ajenas a la Junta”. El consejero reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico y sostuvo que Andalucía es, según el Ministerio y la CRUE, la comunidad que mejor financia sus universidades públicas, por encima del 1 % del PIB que marca la normativa estatal. Incluso comparó con Madrid: con sistemas similares, afirmó, Andalucía aporta 500 millones más que la Comunidad de Madrid.

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Pablo Fdez. Quintanilla

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