La Junta 'fuerza' a los docentes interinos a ir a la sanidad privada para lograr un certificado de aptitud para dar clases

Ustea denuncia que Educación demanda un certificado médico P-10 y da un plazo de tres días; Salud dice que los médicos de Atención Primario no son competentes para expedirlo. "Vuelven loco al profesorado que acaba acudiendo a la sanidad privada", denuncia el sindicato

La Junta 'fuerza' a los docentes interinos a ir a la sanidad privada para lograr un certificado de aptitud para dar clases
La Junta 'fuerza' a los docentes interinos a ir a la sanidad privada para lograr un certificado de aptitud para dar clases

El sindicato Ustea ha denunciado la "negligente salvaguarda" de la salud de los docentes andaluces por parte de la Junta de Andalucía, que "nuevamente toma relevancia al inicio del presente curso escolar". En concreto, la organización ha señalado las "trabas burocráticas entre la Consejería de Educación (gestionada por Cs) y la Consejería de Salud (con el PP al frente), las cuales ponen de manifiesto que la salud del profesorado sigue siendo un tema secundario".

El curso pasado, según recuerdan en una nota de prensa, "existió un profundo malestar entre los docentes de los centros educativos con la manera de afrontar la pandemia. Este problema, con la vacunación, parecía atenuado; sin embargo, este inicio de curso también está siendo conflictivo en materia de salud laboral". Estos días. las directivas de los centros docentes de Cádiz están recibiendo unas instrucciones en las que se solicita a los funcionarios interinos, funcionarios en prácticas y aquellos que vienen de otra Comunidad Autónoma, diversos documentos, entre ellos el original del certificado médico P-10, en el que se acredite que se encuentra en condiciones físicas y psíquicas para impartir docencia, estableciendo además tres días de plazo para entregar dicho documento.

"Conseguir el P-10 en tres días es bastante complicado, ya que en la mayoría de los casos las citas médicas en Andalucía se dan con muchos días de retraso. Además, la cita es telefónica, en la sanidad pública, saben que es mejor tratar a los pacientes de uno en uno y de forma telemática, pero en Educación eso ya no importa, se trata a todo el alumnado junto, en aulas de 30, 35 alumnos o más".

También destacan desde Ustea que las autoridades sanitarias han enviado una circular a los médicos de atención primaria recordándoles que no son competentes para expedir el certificado de capacitación para profesionales de la Educación, "con lo cual están acabando de volver loco al profesorado con sus ocurrencias y trabas". "Lo más triste de todo es que tanto las autoridades docentes como las sanitarias, deberían saber que desde 1995, cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quedaron muy claras algunas cuestiones en materia de salud laboral, entre ellas las siguientes: la vigilancia de la salud de los trabajadores corresponde al empresario, en este caso a la Junta de Andalucía, ya que dicha vigilancia no compete a los médicos de atención primaria sino a especialistas en medicina del trabajo que debería de hacer esta tarea desde los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales".

Del mismo modo, la coordinadora de Enseñanza de CNT también ha exigido la erradicación de dicho certificado de aptitud entre los docentes interinos. "Es un trámite absurdo y arbitrario, y no es función de los médicos de Atención Primaria".

Del mismo modo, inciden, hay que resaltar la "gratuidad, puesto que el coste económico de cualquier medida relativa a la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto de la vigilancia de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador. Actualmente, ante la imposibilidad de obtener el P-10 el profesorado está teniendo que acudir a la sanidad privada para, previo pago, obtener el certificado de capacitación". Desde Ustea Cádiz "pedimos que se retiren dichas instrucciones y que sean los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, los que con médicos especialistas vigilen y velen por la salud de todo el personal de los centros educativos. Desde que se reguló este tema en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, se ha tenido tiempo más que suficiente para actuar de forma correcta y no tan negligentemente como lo están haciendo".

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