El IES Zaframagón de Olvera cuenta con un tejado con restos de uralita, expuestos al aire libre desde hace más de dos años. La Consejería de Educación, que llevó a licitación unas obras para la rehabilitación del gimnasio del centro, anexo al edificio central, adjudicó a una concesionaria unas obras que comenzaron en septiembre de 2019. En pleno desarrollo de los trabajos, la adjudicataria decidió paralizar los movimientos al hallar amianto, abandonando la obra hasta día de hoy.
La situación, que lleva enquilosada desde entonces, va a llegar a la Fiscalía de la mano del ex alcalde de la localidad. secretario general de Alternativa Republicana, docente del centro y delegado sindical de CCOO, Fernando Fernández, que ha interpuesto una denuncia a la Junta. La delegación territorial de Educación ha asegurado que retirará los restos de amianto en verano, cuando no haya clases en el centro. Sin embargo, y tras la movilización de las familias y de los alumnos del centro, el ex regidor ha llevado el caso a la justicia.
La Junta, que asegura que va a licitar las obras a través del Acuerdo Marco puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación, se defiende argumentando que el procedimiento está en tránsito. Fernando Fernández cree que es una forma de "confundir a la opinión pública", ya que dice que dicho acuerdo está suspendido de forma cautelar por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, con fecha del 19 de noviembre de 2021, algo que se puede consultar en el portal del contratante.
Fernández busca que se retire inmediatamente la uralita del centro a través de una obra menor y durante un fin de semana, ya que los menores están expuestos durante sus horas de recreo junto al gimnasio, sin separación entre las fibras de amianto expuestas al aire libre y el espacio donde desempeñan su descanso.
CGT sostiene que la Junta incumple la ley
De la misma forma, la delegación sindical de CGT Enseñanza de Cádiz sostiene que la Junta de Andalucía no ha licitado ninguna obra para retirar el amianto del instituto y que, conocedora del peligro que supone, está incumpliendo lo establecido en el art. 2.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En esta norma se recoge expresamente que todo menor "tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado". Además, en su artículo 11, se dice que las administraciones públicas tendrán "particularmente en consideración la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos humanos, así como a sus proyectos educativos inclusivos, a la participación de los menores y a las demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.
César Alfonso Viñas, delegado Sindical de CGT Enseñanza Cádiz cree que se trata de un asunto de extrema "gravedad" y que la Consejería tampoco ha realizado estudios de posible contaminación, incumpliendo lo establecido entre otros en el artículo 5 del R.D. 396/2006, de 31 de Marzo de 2006, la cual regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a aquellos trabajos que estén supeditados a la exposición el amianto (Ministerio de la Presidencia, BOE 11.04.2006). "Tras dos cursos escolares, a pesar de las declaraciones de la Consejería de Educación de retirar el amianto de los centros educativos de la provincia, este hecho no se ha llegado a producir, mostrando en cambio la Consejería una actitud negligente a la hora de retirar este peligroso material", insiste el delegado de CGT. "Supone la liberación de fibras cancerígenas al exterior al entorno del centro. Y no se ha tomado ninguna medida preventiva que impida la fractura del amianto o su protección frente a las inclemencias del tiempo", añaden en un comunicado.
De hecho, a día de hoy, aseguran que "el proyecto aún se encontraba en fase de redacción". "Tras tres cursos escolares, la Junta no ha sido capaz de redactar el proyecto y memoria que se pretende sacar a licitación para la ejecución de esta obra, lo que evidencia la falta de voluntad de erradicar este foco de peligro para la salud del alumnado del centro", concluyen desde CGT.
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