La celebración de las oposiciones docentes previstas en Andalucía para el mes de junio podría verse comprometida por la huelga indefinida convocada desde el 14 de mayo y que se mantendrá hasta el final del curso escolar. La protesta ha sido impulsada por la Asamblea de Interinas y Aspirantes de Andalucía, un colectivo que ha intensificado sus movilizaciones en las últimas semanas ante la falta de diálogo por parte de la Administración autonómica. La última acción se llevó a cabo el jueves 29 de mayo frente al Parlamento andaluz en Sevilla.
La Asamblea asegura que los servicios mínimos para la huelga no prevén a los tribunales de oposición y prevalece el derecho a hacer huelga. En este sentido, añade la plataforma que el vocal suplente también puede hacer huelga y, aunque no es obligatorio avisar, sí que puede hacerse a través de documentos oficiales a la dirección del profesorado.
El colectivo denuncia que, tras las oposiciones, numerosos interinos podrían enfrentarse a un despido masivo, una situación que consideran equivalente a un ERE encubierto. Desde hace meses, vienen reclamando medidas que garanticen la estabilidad del personal interino, como la reducción de ratios, la implementación de una doble vía de acceso o mecanismos de consolidación de empleo. A pesar de haber solicitado reuniones formales para abordar estas propuestas, aseguran que la Administración ha evitado cualquier tipo de negociación.
Las movilizaciones, sin respuesta
Según la Asamblea, la única respuesta institucional recibida ha sido en el marco de movilizaciones informales y sin que se ofrecieran soluciones concretas. En esos encuentros, la posición de la Consejería de Educación ha sido la defensa exclusiva de las oposiciones como único mecanismo de estabilización, sin atender las consecuencias que ello podría acarrear para quienes llevan años en el sistema. El colectivo alerta de que esta postura podría derivar en un ahorro económico para la Administración al prescindir de profesionales con derechos laborales consolidados.
La convocatoria de huelga cuenta con el respaldo de CGT-A y CSTA y se ampara en el derecho legal de los docentes a no participar en los tribunales examinadores, lo que pone en riesgo la celebración misma de las pruebas. La Asamblea advierte que, si la Junta no se sienta a negociar, demostrará indiferencia ante los derechos del profesorado, el futuro del alumnado y la situación de miles de aspirantes. La protesta andaluza se enmarca en un contexto más amplio de movilizaciones en el sector educativo, que también ha registrado protestas en comunidades como Valencia, Asturias, Cataluña y el País Vasco.
