El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha presentado a los sindicatos su propuesta de reducción de ratios máximas de alumnado por aula, que fija un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria —actualmente 25— y 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que hasta ahora permitía 30.
Esta medida, incluida en el borrador del Estatuto Docente, forma parte de un anteproyecto de ley que busca mejorar la calidad educativa, la atención personalizada y la inclusión en las aulas. El documento fue debatido en la segunda reunión entre el Ministerio y los principales sindicatos del sector —ANPE, CCOO, UGT, CSIF, STES y CIG— y plantea un calendario de aplicación progresiva hasta el curso 2031/2032, cuando las nuevas ratios serán de plena vigencia en todo el sistema educativo.
Aplicación gradual y enfoque inclusivo
El Ministerio propone que los nuevos límites de alumnado comiencen a aplicarse en el curso 2027/2028 en el primer curso del segundo ciclo de Infantil y de Primaria. Posteriormente, en 2028/2029 se extenderán a 1º de ESO, y en 2029/2030 a 1º de Bachillerato, completando su implantación total para el curso 2031/2032.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). El texto establece que cada alumno con NEE computará como dos plazas a efectos del cálculo de la ratio máxima en aulas ordinarias. De esta forma, se pretende compensar la mayor dedicación del profesorado y garantizar una educación más inclusiva y equitativa.
Además, el Gobierno prevé definir indicadores de referencia para identificar los centros con una alta concentración de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o situados en zonas de especial complejidad social, de modo que se puedan adoptar medidas adicionales en materia de recursos humanos y materiales.
Reducción de carga lectiva y recursos garantizados
El anteproyecto también contempla limitar el número máximo de horas de docencia en aula, estableciendo un tope de 23 horas semanales en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y otras enseñanzas.
Asimismo, la ley obligará a las administraciones educativas a garantizar los recursos necesarios para que no se supere el número máximo de alumnos por clase, reforzando las plantillas docentes y el personal de apoyo cuando sea necesario.
Con esta iniciativa, el Ministerio que dirige Pilar Alegría aspira a reducir la sobrecarga del profesorado, mejorar el rendimiento académico y promover una educación más personalizada, inclusiva y sostenible en todo el territorio nacional.