El sindicato CCOO ha calificado de "desastre" el inicio del curso escolar en Andalucía, denunciando lo que consideran una falta de planificación por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Según la federación de enseñanza de CCOO Andalucía, el Gobierno andaluz está "desmantelando la educación pública", utilizando "cifras opacas" para ocultar una "privatización progresiva" de los servicios y una precarización del empleo educativo.
Marina Vega, secretaria general de la federación, ha sido especialmente crítica con la gestión educativa, calificando la situación de “vergonzosa” y acusando a la Consejería de promover un caos organizativo para debilitar la educación pública. Según Vega, la actuación del Gobierno andaluz refleja una falta de proyecto educativo claro y la imposición de recortes bajo la excusa de la falta de presupuesto.
Vega ha pedido a la comunidad educativa y a la sociedad andaluza que unan fuerzas para frenar lo que considera un ataque sistemático contra la escuela pública. "En cursos anteriores hemos criticado el modelo educativo que pretendía imponer el actual Gobierno andaluz, pero conforme avanza la legislatura advertimos que es incluso peor de lo que pensábamos porque, claramente, ni siquiera existe ese modelo. Existe es una orientación economicista e ideológica del sistema educativo andaluz pero colmado de improvisaciones, errores garrafales en la gestión, mercadeo de los servicios educativos, desconsideración hacia los y las profesionales que trabajan en colegios, institutos, equipos de orientación, escuelas infantiles, etcétera".
La falta de personal docente ha sido otro de los puntos más criticados. "Es inaudito que comience el curso con las plantillas de los centros educativos incompletas, con multitud de vacantes de docentes sin cubrir, con más de mil plazas de docentes menos en el último curso y dos mil unidades menos desde que está el PP en el Gobierno andaluz".
En lo que respecta a la Formación Profesional, Diego Rodríguez, responsable de Política Educativa de la federación, ha advertido sobre los efectos de los cambios en el mercado laboral. Rodríguez ha señalado a las empresas privadas "Las empresas privadas aprovechan para ofertar plazas privadas frente a la inacción y los recortes radicales por parte del Gobierno andaluz en la pública en cuanto al número de plazas ofertadas y de docentes".
Vega también ha destacado la preocupante situación en los recursos de orientación y apoyo al alumnado, señalando que los centros educativos de compensación están comenzando el curso sin orientadores. La eliminación de 374 unidades de acompañamiento para estudiantes en situación de vulnerabilidad económica ha sido calificada de "inaudita" por el sindicato.
El sindicato ha señalado además la creciente privatización de los servicios destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, acusando al Gobierno andaluz de crear una red privada en detrimento del personal laboral. Según CCOO, la reducción de plantillas y la subcontratación de servicios a empresas privadas están afectando gravemente los derechos laborales de los profesionales, como el personal técnico de integración social e intérpretes de lengua de signos.
Marina Vega ha denunciado que muchas de estas empresas no cumplen los requisitos legales para participar en las licitaciones y que algunas ni siquiera han llevado a cabo los nombramientos necesarios para el inicio del curso. Además, ha criticado que una empresa financió un ERTE con dinero público que afectó a estos trabajadores, quienes a día de hoy siguen sin haber sido reincorporados. "La Consejería ha permitido que una de las empresas financie con dinero público de Andalucía un ERTE que llevó al paro a finales de junio a PTIS e ILSE y que todavía no han vuelto a ser contratados; varias licitaciones del servicio han quedado desiertas y otras sin empresas porque estas ni siquiera cumplen los requisitos legales para participar; varias empresas no han ejecutado los nombramientos preceptivos para que puedan incorporarse a sus centros de trabajo, etcétera".
El sindicato también ha apuntado a la invisibilización y recorte progresivo del personal de administración y servicios educativos. Según CCOO, la Consejería está vulnerando sistemáticamente los derechos laborales de este colectivo, negando permisos y modificando horarios de forma arbitraria.
En cuanto a las escuelas infantiles, Vega ha dicho que "nuevamente la Consejería intentar engañar con promesas que no termina de cumplir como es el caso de la gratuidad completa de la educación para alumnado de cero a tres años, posponiéndolo para el curso 2025-2026”.
Sobre este punto, la sindicalista ha recordado que el Gobierno andaluz ha devuelto al Gobierno central 119 millones de euros de fondos europeos para la creación de plazas públicas de 0-3 años gratuitas en Andalucía. “Con ello ha dejado claro que preferían priorizar su intereses de partido ante los intereses de Andalucía; subiendo además el precio del comedor escolar un 14% u obviando que la mayoría de las trabajadoras de las escuelas infantiles adheridas al plan de ayudas siguen teniendo unas condiciones laborales precarias".