La oferta de vacantes del Concurso General de Traslados (CGT) de Educación para el curso 2025/2026 ha desatado una fuerte polémica en Andalucía. El sindicato CSIF ha lanzado una dura denuncia contra la Consejería de Desarrollo Educativo por lo que considera un recorte injustificable de plazas que, a su juicio, "perpetúa la provisionalidad del profesorado". La Junta, por su parte, rechaza de plano estas acusaciones y defiende que no existe tal recorte y que la planificación responde a las necesidades reales del sistema educativo.
Desde CSI sostienen que la escasa oferta de vacantes provisionales, cifrada en 7.191 plazas, está "muy lejos" de las demandas del sistema y de la legítima movilidad del profesorado. El sindicato insiste en que no han salido todas las vacantes reales y alerta de que la administración está reduciendo casi a la mitad la oferta respecto a convocatorias similares anteriores.
"“Los datos son contundentes. En el último concurso de ámbito autonómico, que fue en el curso 2023/2024 y tuvo características similares al concurso de este año, salieron 12.514 vacantes, mientras que en este curso escolar hay de manera provisional 7.191 plazas, que es casi la mitad", ha afirmado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García. Para el sindicato, esta comparación evidencia un recorte de más de 5.300 vacantes en apenas dos años.
El desglose por cuerpos docentes refuerza, según las cifras de CSIF, la gravedad de la situación. En Secundaria (Cuerpo 590) se han dejado de ofertar más de 3.400 vacantes, un 45 % menos, mientras que en el cuerpo de maestros (597) el descenso ronda las 1.100 plazas, casi un 35 % menos. El recorte es aún más acusado en otros ámbitos: en la Escuela Oficial de Idiomas supera el 81 %, y en Música y Artes Escénicas rebasa el 61 %. “Este descenso no puede justificarse por razones de planificación educativa y evidencia una falta de compromiso con la estabilidad de las plantillas en la educación pública”, ha subrayado García, recordando que el CGT es la principal vía para consolidar destinos definitivos y reducir la provisionalidad.
Ante este escenario, el sindicato ha exigido una revisión inmediata al alza de las vacantes incluidas en la resolución provisional, al menos hasta alcanzar cifras similares a las del último concurso autonómico. También reclama que se revisen los criterios de determinación de vacantes, con el objetivo de que salgan a concurso todas las plazas posibles y no se amorticen puestos. Además, CSIF ha instado a la Consejería a adquirir un compromiso real para reducir la alta provisionalidad que, según el sindicato, sigue afectando a la plantilla docente andaluza.
La organización sindical ha ido un paso más allá y ha animado a los docentes que detecten vacantes no ofertadas a presentar alegaciones dentro del plazo establecido, con la intención de revertir la situación antes de la publicación definitiva. “La educación pública no puede sostenerse sobre plantillas insuficientes”, insisten, reclamando que las plantillas orgánicas se acerquen a las de funcionamiento para garantizar la estabilidad del sistema.
La Junta dice que no entiende la denuncia
La respuesta de la Junta de Andalucía no se ha hecho esperar. Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y FP niegan que las 7.191 plazas supongan un recorte y aseguran que la cifra está por encima de la media de las convocatorias autonómicas de la última década, situada en unas 6.300 plazas. Según la Administración, la planificación se ajusta a las necesidades reales del sistema educativo público.
La Consejería recuerda además que el pasado mes de julio se tramitaron más de 136.000 solicitudes en la Colocación de Efectivos, adjudicándose 40.627 plazas, de las cuales 15.266 correspondieron al llamado Concursillo, un procedimiento destinado a facilitar la conciliación y la mejora de destino provisional de los funcionarios de carrera. También rechaza el uso del término “alto porcentaje de provisionalidad”, subrayando que Andalucía cuenta con más de 93.000 funcionarios de carrera, 10.000 más que en 2018, y que la tasa de interinidad se sitúa por debajo del 6 %, por debajo de los límites fijados por la Unión Europea y la normativa estatal.
Así, la Junta defiende que su compromiso con la educación pública y con sus profesionales está respaldado por cifras de estabilidad, ampliación de plantillas y mejoras retributivas, mientras el conflicto con CSIF sigue abierto y pendiente de una posible rectificación en la oferta definitiva de vacantes.