El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite una queja presentada por Ustea que denuncia un trato desigual entre los centros educativos públicos y los privados concertados en Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz. La institución ha solicitado a la Junta de Andalucía una respuesta urgente y ha advertido de posibles consecuencias legales ante la falta de colaboración.
La queja fue presentada el 14 de junio de 2025 y se centra en la planificación educativa, las ratios, las aulas mixtas y la supresión de unidades. Ustea sostiene que los centros públicos enfrentan restricciones que dificultan su funcionamiento y crecimiento, mientras que los centros concertados reciben autorizaciones más favorables, incluso en situaciones donde existen vacantes.
Según el sindicato, muchos colegios públicos comienzan cada curso sin vacantes, con ratios máximas que en Infantil y Primaria alcanzan 25 alumnos y en Secundaria 30, lo que limita la admisión de nuevas solicitudes y vulnera la LOMLOE. En contraste, los centros concertados pueden ampliar sus unidades, lo que permite su expansión frente a la estasis de los públicos.
La organización sindical también señala que la Junta utiliza aulas mixtas en la educación pública para unir cursos y eliminar unidades, incluso cuando hay muy pocos alumnos, generando un ciclo de aulas combinadas que puede conducir al cierre de centros. Ustea ha aportado datos concretos de Cádiz que evidencian la continuidad de esta práctica.
En cuanto a la supresión de unidades, el sindicato denuncia que cientos de aulas públicas son eliminadas cada año, mientras que la concertada apenas registra cierres. Solo en el último curso se suprimieron 706 aulas públicas, y desde la llegada del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se contabilizan 2.402 unidades eliminadas, lo que contrasta con la expansión de la red privada concertada.
Varios requerimientos formales
El Defensor del Pueblo ha remitido varios requerimientos formales a la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, sin obtener respuesta. En su última comunicación, fechada el 4 de diciembre, la institución reiteró la obligación de la Junta de colaborar con carácter urgente y recordó las consecuencias legales que podrían derivarse de su persistente falta de cooperación.
Ustea espera que la intervención del Defensor impulse a la administración a responder antes de la publicación de nuevas supresiones de aulas en el BOJA y del inicio del proceso de matriculación en enero. El sindicato subraya que la educación pública es universal, gratuita e inclusiva, y reclama que no se continúen aplicando prácticas discriminatorias que favorecen la privatización y debilitan la calidad del sistema.