Maica García lleva años enseñando en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Sandra Garcés tiene 34 años, trabaja, y este curso está pagando —con ayuda de sus padres— el segundo año del grado en Educación Infantil. Las dos estuvieron en la concentración de este martes, convocada por la nueva plataforma Universidades Andaluzas por la Pública, para exigir el blindaje del 1% del PIB para las universidades públicas.
"Estamos aquí como Universidad de Cádiz, pero también como Movimiento de Renovación Pedagógica", explica García, profesora titular del Departamento de Didáctica. "La universidad pública se está desmantelando en la provincia de Cádiz y en todo el Estado, y esto no lo podemos permitir", agrega. Para ella, la cuestión es de principios: "La universidad pública es la única que puede garantizarnos la igualdad de oportunidades para todas y para todos sin excepción".
García denuncia que la falta de financiación se traduce en precariedad contractual e infraestructuras deterioradas. Y pone como ejemplo su propia facultad: "Ciencias de la Educación está hecha una porquería. Queremos unas instalaciones en el campus de Puerto Real dignas, sostenibles, conectadas con el territorio y con el medio que nos rodea, que es un espacio privilegiado de aprendizaje y desarrollo comunitario".
Lo que García describe como docente, Sandra Garcés lo vive en primera persona cada vez que abre el recibo de la matrícula. Llegó a la universidad con 34 años, después de incorporarse tarde por las circunstancias económicas. "Trabajo, pero necesito que mis padres me ayuden a pagar la facultad", reconoce.La situación no le resulta cómoda, aunque sabe que está en mejor posición que muchos: "En mi familia sí se puede, pero hay otras que no. Hay personas que se quedan fuera".
Garcés accedió por nota y pudo afrontar el primer año, pero cada curso es una negociación familiar. Si mantiene el rendimiento académico, el siguiente podría ser gratuito. Si no, la factura vuelve. "No debería depender de eso", apunta. "Es un derecho estudiar, no un privilegio para quien puede permitírselo", lamenta.
El líder de UGT, presente en Puerto Real
En el campus de Puerto Real está presente Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que acudió tras una asamblea de delegados convocada de cara al Primero de Mayo. Su presencia, según explica, era una forma de "poner el granito de arena" en una causa que consideró fundamental para la igualdad entre ciudadanos.
Álvarez apela directamente a los estudiantes y docentes presentes para ampliar el alcance de su reivindicación: "Vuestra lucha no es solo de los alumnos ni de los profesores. Es una lucha de toda la sociedad". En su intervención recuerda que la universidad fue durante décadas un privilegio reservado a unos pocos, y alerta de que determinadas políticas educativas amenazan con devolver al sistema a ese punto de partida.
El dirigente sindical pone a Madrid como ejemplo de lo que denominó un modelo de "destrucción de la universidad pública", donde la investigación acaba en manos privadas y el acceso se restringe progresivamente. Sin embargo, advirte de que Andalucía sigue una senda similar: "La Junta parece un alumno aventajado en ese sentido respecto a la Comunidad de Madrid".
Cinco campus andaluces en lucha
Este miércoles, estudiantes, profesores y personal técnico, de gestión y administración de cinco campus han tomado las calles de Cádiz, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén para exigir el "blindaje inmediato del 1% del PIB" para la financiación de la universidad pública como "mínimo irrenunciable" y para frenar lo que la plataforma convocante describe como una "ofensiva mercantilista" que amenaza con transformar el conocimiento en negocio y el acceso a los estudios superiores en un privilegio de clase.
El manifiesto consensuado por la plataforma dibuja un escenario de urgencia. La universidad pública andaluza, afirman, "se encuentra en una encrucijada definitiva" frente a una ofensiva que pretende convertir el estudio en un "privilegio de clase". Entre sus exigencias concretas a la Junta de Andalucía destacan el blindaje de la financiación al 1% del PIB, el mantenimiento de la bonificación del 99% en las matrículas, la gratuidad total del nivel B2 de idiomas para la obtención del título universitario, y el rechazo expreso a que las universidades públicas tengan que autofinanciarse con recursos propios en un porcentaje de entre el 25 y el 30%, tal y como establece la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), mientras las privadas proliferan con fondos públicos.
La Junta destina 37,5 millones más a las universidades
La respuesta del Gobierno andaluz ha llegado en paralelo a las protestas. El Consejo de Gobierno ha aprobado este mismo miércoles una generación de créditos con 37,5 millones de euros adicionales para el sistema universitario público, que se suman a los 1.788,2 millones ya presupuestados, alcanzando un total de 1.825,7 millones de euros para 2026.
De esa cantidad adicional, 21,5 millones se destinan a complementos salariales del personal docente e investigador y del personal técnico y de administración, mientras que los 16 millones restantes, de carácter consolidable, refuerzan el presupuesto del sistema universitario. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reconocido en rueda de prensa que no sabe "a qué se deben" las protestas y ha zanjado el asunto con una frase: "Preferimos las propuestas a las protestas".
La izquierda, muy crítica con la Junta
Los candidatos de la izquierda han aprovechado las concentraciones para trasladar sus propuestas electorales directamente a la comunidad universitaria. El candidato socialista y secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha prometido derogar la LUPA y poner en marcha un nuevo modelo de financiación transparente y suficiente, además de blindar la independencia universitaria.
La candidata número dos de Por Andalucía por Málaga, Micaela Jiménez, ha puesto el foco en un dato concreto que ha sacudido el debate: "Este año se jubilan 60 profesores y con el acuerdo hecho con la Junta solo se pueden renovar diez. Se pierden 50. ¿El año que viene perderemos otros 50?" Para Jiménez, la situación es insostenible: grupos que se cierran, ratios que aumentan, másteres habilitantes en riesgo y condiciones laborales del profesorado que califica de "bastante indignas", todo ello mientras no paran de abrirse universidades privadas.
El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sido el más contundente en su diagnóstico desde la concentración en Sevilla: "El señor Moreno Bonilla asfixia a las diez universidades públicas a la vez que autoriza la creación de cuatro universidades privadas. ¿Para qué? Para forrar a cuatro listos". García ha anunciado que Adelante impulsará una nueva ley de universidades andaluza que prohíba la creación de nuevas universidades privadas, garantice la financiación de los diez campus públicos y mejore las condiciones laborales del personal.