La plataforma Centros 0-3 años con futuro ha denunciado públicamente la ruptura "de forma unilateral" de la mesa de negociación por parte de la Junta de Andalucía, una decisión que, según el colectivo, deja sin interlocución a cerca de 16.000 trabajadoras del sector de educación infantil. En un comunicado, la organización expresa su malestar y reclama la reanudación del diálogo para abordar una situación que califican de "insostenible".
El colectivo sostiene que lleva años alertando del deterioro del sistema de atención educativa de 0 a 3 años en la comunidad. "El sistema está colapsando. No es una opinión, son datos", señalan, apuntando como principal problema el estancamiento de la financiación pública. Según indican, la Administración autonómica mantiene en 2026 el mismo pago por plaza que fijó en 2020, pese al incremento generalizado de costes.
En este sentido, la plataforma subraya que gastos esenciales como el alquiler, la electricidad o los alimentos han experimentado subidas significativas en los últimos años, lo que ha derivado en "pérdidas insostenibles" para los centros. Como consecuencia, aseguran que el 25% de las escuelas infantiles del sector ya han tenido que cerrar definitivamente, una situación que atribuyen directamente a la falta de actualización del modelo de financiación.
El comunicado también pone el foco en las condiciones laborales de las trabajadoras. Desde la organización reconocen que se han visto obligados a realizar despidos "por causas objetivas" debido a la inviabilidad económica de muchos centros. "No podemos ofrecer sueldos dignos ni mejorar las ratios", denuncian, al tiempo que critican lo que consideran una "asfixia económica" por parte de la Administración educativa.
Falta de respuesta
Asimismo, la plataforma lamenta la falta de respuesta institucional durante meses, un silencio que, según indican, solo se ha roto con la proximidad de citas electorales. En este contexto, reclaman que el sector no sea utilizado como "decorado" ni como "herramienta de propaganda", y advierten de que la educación infantil "no es un juego ni una cuestión que deba resolverse por decreto".
Entre sus principales demandas, el colectivo solicita la implantación de una "gratuidad real" para las familias, la garantía de "sueldos dignos" para las trabajadoras y un "precio-plaza justo" que permita asegurar la viabilidad de los centros. "Es hora de decir basta", concluyen, insistiendo en la necesidad de medidas urgentes que garanticen tanto la continuidad de las escuelas como la calidad educativa para la infancia andaluza.
Esta reacción llega después de que la Junta de Andalucía haya anunciado que amplía la gratuidad en estos centros hasta los niños de un año. Una medida que llega cuando Gobierno y centros educativos estaban negociando la subida del precio por plaza.