El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes, 16 de diciembre, el proyecto de decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de reconocimiento de la autoridad del profesorado. La reunión del Ejecutivo autonómico se adelanta de forma excepcional, ya que habitualmente se celebra los miércoles, para evitar su coincidencia con el Pleno del Parlamento andaluz.
La iniciativa figura en el orden del día consultado por Europa Press y culmina un proceso iniciado con su sometimiento a información pública en diciembre de 2024. El objetivo del decreto es reforzar la autoridad pública del personal docente de la comunidad autónoma y establecer un marco normativo que garantice su protección en el ejercicio de sus funciones.
El texto persigue reconocer y fortalecer la consideración social del profesorado, fomentar el respeto hacia su labor y regular un sistema de cobertura que respalde legalmente su autoridad. Todo ello se enmarca en el desarrollo de la ley aprobada en julio de 2021 y en la necesidad de asegurar un entorno adecuado para el desempeño de la función educativa.
El borrador parte de la premisa de que el prestigio social del profesorado, junto con el reconocimiento institucional y el respaldo legal, constituye una condición esencial para avanzar hacia un sistema educativo equitativo y de calidad. Según el documento, este respaldo resulta clave para garantizar un clima de respeto en los centros, promover el mérito y el esfuerzo personal y educar en valores democráticos y de convivencia.
Desde la Junta de Andalucía se sostiene que el decreto es una norma necesaria para implantar medidas que refuercen la valoración social de la función docente y permitan al profesorado desarrollar su labor con las máximas garantías previstas en la legislación vigente. El Gobierno autonómico defiende además que no existe una alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos y que el texto establece un marco normativo estable, claro y predecible.
Los nuevos derechos
Entre los derechos que se reconocen al profesorado figura el respeto y apoyo a su autoridad por parte del alumnado, de sus representantes legales y del resto de la comunidad educativa. El proyecto también contempla la capacidad de adoptar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces conforme a las normas de convivencia de cada centro, tanto en actividades lectivas como complementarias y extraescolares.
Asimismo, el decreto prevé la colaboración de las familias en el cumplimiento de las normas de convivencia, la protección jurídica gratuita y el acceso a apoyo psicológico para el personal docente. En este último ámbito, se establece que la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica a través de las Unidades de Apoyo al Profesorado de cada delegación territorial, con el fin de ayudar a superar situaciones de conflicto o agresiones que puedan afectar a la salud y al rendimiento laboral del profesorado.