Las más de 2.700 Ampas que forman la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) y Justicia Alimentaria han mostrado su preocupación por el silencio de la administración andaluza con respecto a la publicación del decreto que va a regular la alimentación escolar en Andalucía. Desde hace seis meses no hay noticias desde la delegación responsable y el malestar es grande en los colectivos señalados, que exigen al Gobierno andaluz que agilicen la publicación del referido decreto.
La situación de los comedores escolares, según Codapa y Justicia Alimentaria, es la peor de España, al ser la comunidad andaluza la que cuenta con menos cocinas propias en los colegios (menos del 10% según datos de 2018) y primando los servicios privados de grandes empresas de restauración colectiva, que ofrecen un servicio de catering transportado en frío muy mejorable en cuanto a calidad, sostenibilidad y desperdicio alimentario.
Con la elaboración de este decreto, la Junta de Andalucía tiene la oportunidad de legislar apostando por garantizar una alimentación escolar de calidad, saludable para el alumnado y sostenible para el planeta.
Codapa y Justicia Alimentaria están elaborando un diagnóstico sobre alimentación escolar en Andalucía en el que han participado, por el momento, casi 4.000 familias usuarias del comedor y cerca de un centenar de Ampas. Las conclusiones preliminares de este trabajo ponen de manifiesto el malestar generalizado de las familias hacia la alimentación que reciben sus hijas e hijos en el colegio, así como el alto grado de desconocimiento sobre el funcionamiento del servicio que alimenta a los y las menores los cinco días de la semana.
El modelo actual andaluz de alimentación escolar, además de no gustar al alumnado, dista mucho de ser saludable y mucho menos ambientalmente sostenible. Por ello, los dos colectivos instan al gobierno andaluz a aprobar en términos reales de calidad, salud y sostenibilidad el nuevo decreto.
En junio de 2020 la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía inició el proceso de consulta pública para que entidades y colectivos interesados realizaran aportes al decreto. Tanto Codapa como Justicia Alimentaria participaron en esta fase del proceso. Casi dos años más tarde, en abril de 2022, se abrió el periodo de alegaciones al primer borrador del documento, al cual se volvieron a efectuar las aportaciones pertinentes. Desde entonces, y hasta la fecha, el proceso se encuentra sin resolver y sin nuevas noticias al respecto. Las entidades firmantes consideran que si bien el último borrador publicado no recoge todos los elementos propuestos, la publicación del nuevo decreto será un paso adelante en la mejora de la regulación existente.
Uno de los elementos que Codapay Justicia Alimentaria echan en falta en la última versión publicada del borrador del decreto es la apuesta por recuperar cocinas in situ en los centros escolares, poniendo en marcha un plan progresivo de construcción o rehabilitación y de contratación de personal. Esta es la principal demanda de las familias afectadas. También es necesario revisar los criterios de contratación pública para la adjudicación de empresas gestoras de los comedores, facilitando el acceso a entidades de economía social y solidaria y a pymes locales, en consonancia con la legislación europea al respecto, para fortalecer el tejido empresarial local en lugar de fortalecer el modelo actual, donde prima el precio frente a la calidad y los contratos se concentran en muy pocas empresas de catering sin arraigo local.
Entre las propuestas también está compartir cocina entre centros cercanos o con otros organismos públicos, como es el caso de cocinas centrales municipales que funcionan en otras comunidades autónomas. Estas entidades confían en que la Junta de Andalucía haya recogido sus propuestas en este sentido y que la publicación del decreto sea realmente un primer paso hacia una alimentación más cercana, saludable, sostenible y que genere tejido empresarial y empleo local.
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