El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un decreto con el que pretende paliar los efectos económicos derivados de la guerra de Irán. El presidente, Pedro Sánchez, será el encargado de detallar el alcance de las medidas en una rueda de prensa posterior. El paquete incluirá iniciativas de carácter fiscal, ayudas a sectores productivos especialmente afectados y refuerzos en la protección a consumidores vulnerables.
Desde La Moncloa, el Ejecutivo define el plan como "potente" y sostiene que su ambición supera la de otras propuestas adoptadas en países de la Unión Europea. El diseño del decreto incorpora aportaciones de distintas formaciones políticas, tras los contactos mantenidos por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tanto con los socios habituales del Gobierno —incluido Junts— como con el Partido Popular. El objetivo es lograr un respaldo amplio en su convalidación en el Congreso de los Diputados, prevista para la próxima semana.
Entre las principales medidas figura una rebaja del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%. Se trata de un cambio respecto a la estrategia aplicada durante la crisis vinculada a la guerra de Ucrania, cuando se optó por una bonificación directa en el precio por litro. Además, el decreto contempla la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, lo que podría traducirse en una reducción del precio del diésel y la gasolina de entre 30 y 40 céntimos por litro.
Supresión de otros impuestos
En el ámbito energético, el Ejecutivo también prevé suprimir el impuesto especial sobre la electricidad, actualmente fijado en el 5%, así como reducir el gravamen sobre el valor de la producción eléctrica.
El decreto incluirá asimismo parte de las medidas del denominado escudo social que no prosperaron recientemente en el Congreso. Aunque no incorporará propuestas relativas al alquiler o las hipotecas, como reclama Sumar, sí contempla el refuerzo de los descuentos del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros a consumidores vulnerables. Paralelamente, el Gobierno ultima ayudas específicas para sectores como la ganadería, la pesca, el transporte y la industria electrointensiva, considerados especialmente expuestos a las consecuencias económicas del conflicto.