La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha decidido anular en España la marca La Mafia se sienta a la mesa, tras estimar una petición impulsada por el Gobierno de Italia, que consideraba ofensivo el uso del término “mafia” en una marca comercial.
La resolución, adelantada por el diario Expansión, concluye que el nombre resulta contrario al orden público y a las buenas costumbres, al hacer referencia a una organización criminal vinculada a actividades delictivas y contrarias a los principios éticos reconocidos en la Unión Europea.
La disputa entre Italia y la cadena de restauración, nacida en Zaragoza, no es nueva. El enfrentamiento se remonta a varios años atrás y ya tuvo un capítulo clave en 2018, cuando el Tribunal General de la Unión Europea anuló la marca a nivel comunitario. Sin embargo, en España la denominación se había mantenido registrada y renovada durante más de dos décadas.
Ahora, la OEPM considera que la referencia a la mafia es incompatible con valores públicos y morales, recordando además que este tipo de organizaciones criminales también han tenido presencia en territorio español.
Qué consecuencias tendrá la decisión
La resolución administrativa implica varios efectos directos para la empresa propietaria de la marca: nulidad de la marca en España; obligación de cambiar el nombre comercial si la decisión se mantiene firme; y posibilidad de presentar un recurso de alzada para intentar revertir la medida.
Por el momento, la empresa podrá seguir utilizando el nombre hasta que exista una resolución definitiva dentro de la vía administrativa.
La empresa recurrirá la decisión
El grupo empresarial LMssLM, propietario de la marca, ha anunciado que presentará un recurso de alzada ante la propia OEPM para solicitar la revisión de la resolución. El consejero delegado de la compañía, Javier Floristán, y la directora de la empresa, Loli Requelme, han mostrado su sorpresa por la decisión. Según han señalado, desean que la oficina explique los motivos de la anulación teniendo en cuenta que la marca ha sido renovada en varias ocasiones desde el año 2000.
Ambos responsables han afirmado sentirse "decepcionados y estupefactos", aunque han descartado acudir a la justicia ordinaria porque no desean prolongar el conflicto. Si finalmente se confirma la anulación, la empresa se verá obligada a cambiar su denominación comercial.
Desde la compañía reconocen que ya están analizando posibles nombres alternativos, aunque todavía no han hecho públicos cuáles serían. El proceso implicaría un coste económico importante, aún sin cuantificar, aunque el grupo no descarta reclamar daños y perjuicios.
Una cadena en plena expansión
La polémica llega en un momento de crecimiento para esta cadena de restauración, fundada en 2000 por dos emprendedores apasionados por la cocina italiana. Actualmente el grupo cuenta con cerca de 100 restaurantes bajo esta marca, además de más de 30 locales de otras enseñas, emplea a aproximadamente 2.500 trabajadores y alcanzó en 2025 una facturación de 132 millones de euros, con 21 nuevas aperturas ese mismo año.
Solo en Andalucía existen 22 restaurantes de la cadena (de Jerez a Cádiz, pasando por Huelva y Sevilla), que además mantiene presencia en España, Portugal y Andorra. Mientras se resuelve definitivamente el proceso administrativo, la empresa asegura que seguirá defendiendo su trayectoria empresarial y su propuesta gastronómica italomediterránea.